El anuncio del Gobierno de Río Negro sobre el incremento de las asignaciones familiares volvió a abrir un frente de conflicto con los gremios estatales. Mientras el gobernador Alberto Weretilneck presentó la medida como una mejora para los trabajadores públicos junto a la conducción de ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cuestionó con dureza el alcance del beneficio y acusó al Ejecutivo de intentar mostrar como un logro una actualización que consideró insuficiente.

Desde el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi sostuvieron que el aumento fijó la asignación por hijo en apenas 28.000 pesos, una cifra que, aseguran, está muy lejos de responder al costo real que implica sostener a una familia en el actual contexto económico.

Un anuncio que generó más críticas que respaldo

Lejos de convertirse en una buena noticia para todos los sectores estatales, el anuncio terminó profundizando las diferencias entre el Gobierno provincial y parte del movimiento sindical.

UPCN apuntó directamente contra Weretilneck y también contra la conducción de ATE, al considerar que el acuerdo fue presentado como un avance cuando, en realidad, “no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los hijos de los trabajadores”.

“Estamos, una vez más, frente a un triste espectáculo montado en redes sociales, donde los amigos entreguistas del bolsillo de los trabajadores celebran un aumento que fija la asignación por hijo en apenas 28 mil pesos”, señalaron desde el gremio.

Del relato oficial a la realidad económica

La crítica también pone el foco sobre el discurso que viene sosteniendo el gobernador.

En las últimas semanas, Weretilneck buscó instalar la idea de un Estado presente que acompaña a los trabajadores públicos, diferenciándose incluso del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, desde UPCN consideran que los anuncios oficiales contrastan con la realidad cotidiana de miles de familias estatales.

El gremio recordó que las asignaciones familiares no constituyen un beneficio extraordinario ni una concesión política, sino un derecho de la seguridad social destinado a colaborar con la crianza, educación y mantenimiento de los hijos.

En ese sentido, advirtieron que el Estado, además de ser empleador, tiene la obligación de garantizar condiciones que permitan proteger a las familias trabajadoras.

La alianza con ATE vuelve al centro del debate

El anuncio también reavivó los cuestionamientos hacia la relación política y sindical entre el Gobierno provincial y ATE.

En las últimas semanas, Weretilneck había compartido distintos anuncios junto al secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, entre ellos el proceso de pase a planta permanente para más de 4.200 trabajadores estatales.

Ahora, la foto conjunta volvió a repetirse para presentar el aumento de las asignaciones familiares.

Desde UPCN interpretan que existe una estrategia comunicacional destinada a mostrar consensos que, según sostienen, no representan el malestar existente entre buena parte de los empleados públicos.

Un gobernador bajo presión

Las críticas llegan en un momento complejo para el oficialismo provincial.

El Gobierno enfrenta conflictos abiertos con distintos sectores estatales, reclamos salariales de docentes, cuestionamientos por el deterioro del poder adquisitivo y una creciente presión sindical en diferentes áreas de la administración pública.

En ese contexto, cada anuncio económico comienza a ser evaluado no solo por su impacto financiero, sino también por su efecto político.

Mientras Weretilneck intenta reconstruir respaldo entre los trabajadores estatales con distintas medidas, desde la oposición sindical sostienen que los anuncios son insuficientes frente al aumento del costo de vida.

“Desconectado de la realidad”

Uno de los cuestionamientos más fuertes formulados por UPCN apuntó directamente al discurso del gobernador.

El gremio sostuvo que las declaraciones oficiales muestran un Gobierno “desconectado de la realidad que viven las familias estatales” y reclamó políticas que permitan recuperar el ingreso de los trabajadores en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.

La organización concluyó con una dura definición política al señalar que “a este Gobernador y a su socio no le importan los trabajadores públicos”.

El episodio vuelve a reflejar un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo provincial y parte del sindicalismo, en momentos en que el Gobierno busca fortalecer su vínculo con el sector estatal mientras enfrenta un contexto político y económico cada vez más desafiante.