El debate sobre la propiedad de las tierras rurales volvió a instalarse en la agenda nacional y podría tener un impacto directo en Río Negro. El Senado de la Nación tratará el próximo 4 de agosto el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone modificar de manera sustancial la Ley 26.737, vigente desde 2011.
La iniciativa elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros, deroga los topes provinciales y departamentales, suprime el cupo por nacionalidad y deja en manos de cada provincia la facultad de autorizar o restringir la venta de tierras a personas físicas o jurídicas extranjeras.
¿Cuál es la situación en Río Negro?
Según datos del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA), elaborados sobre la base del Registro Nacional de Tierras Rurales y actualizados entre 2025 y 2026, Río Negro registra aproximadamente 314.000 hectáreas rurales en manos de propietarios extranjeros, lo que representa alrededor del 1,78% del territorio rural provincial.
Si bien el porcentaje provincial se encuentra por debajo del promedio nacional —que ronda el 5%—, existen zonas donde la concentración es considerablemente mayor.
El caso más representativo es el departamento Bariloche, donde distintos relevamientos estiman que cerca del 14% de las tierras rurales pertenecen a propietarios extranjeros. En los últimos años también se registró un crecimiento de inversiones provenientes de Emiratos Árabes Unidos, principalmente en establecimientos rurales de gran extensión.
Recursos estratégicos bajo análisis
La discusión legislativa cobra especial relevancia en una provincia como Río Negro, donde gran parte del territorio comprende áreas de alto valor ambiental, reservas de agua dulce, producción agropecuaria y corredores turísticos.
Especialistas advierten que flexibilizar las restricciones podría favorecer nuevas inversiones privadas, pero también incrementar la concentración de tierras en zonas estratégicas, especialmente en regiones cordilleranas y cercanas a recursos hídricos.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica y permitir que cada provincia tenga autonomía para definir su política de administración del territorio rural.
En contrapartida, sectores académicos y organizaciones vinculadas al ordenamiento territorial alertan sobre la necesidad de preservar el control de recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo provincial y nacional.
Un debate con impacto provincial
La decisión que adopte el Congreso podría modificar de manera significativa el régimen vigente desde hace más de una década.
De aprobarse la iniciativa, será la Provincia de Río Negro la que deberá definir, mediante su propia legislación, si mantiene límites a la compra de tierras por parte de extranjeros o si flexibiliza esas condiciones para fomentar nuevas inversiones.
El tratamiento del proyecto en el Senado está previsto para el 4 de agosto, en una discusión que promete abrir un fuerte debate entre quienes priorizan la llegada de capitales privados y quienes consideran necesario mantener restricciones para proteger la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio.