A 43 años de la recuperación democrática, Río Negro enfrenta una discusión que va mucho más allá de las diferencias partidarias: el ejercicio del poder, los límites institucionales y el respeto por quienes representan a una parte de la ciudadanía. Las denuncias de Patricia Mc Kid sobre el funcionamiento de la Legislatura y la independencia judicial vuelven a poner bajo la lupa el modelo político de Alberto Weretilneck.
La democracia argentina recuperó su camino el 30 de octubre de 1983, después de siete años de dictadura cívico-militar. Aquella jornada no significó solamente volver a votar: representó la recuperación de las libertades, el pluralismo político, la división de poderes y el compromiso de que nunca más el poder pudiera ejercerse sin límites.
Pero la democracia no se hereda para administrarla como una formalidad. Se ejerce, se respeta y se defiende todos los días.
En Río Negro, esa discusión adquiere una dimensión preocupante. Después de aproximadamente 16 años de protagonismo político de Alberto Weretilneck y de Juntos Somos Río Negro, las denuncias formuladas por Patricia Mc Kid, en el recinto de la legislatura, cuando realizó un homejaje a la demogracia Rio Negrina, obligan a mirar de cerca el funcionamiento de las instituciones provinciales.
La pregunta es inevitable: ¿qué entiende el oficialismo por democracia cuando utiliza su mayoría para gobernar, pero la oposición denuncia que no puede ejercer plenamente su representación?
WERETILNECK Y EL PODER: CUANDO LA MAYORÍA PUEDE CONVERTIRSE EN UNA HERRAMIENTA DE EXCLUSIÓN
Juntos Somos Río Negro construyó una estructura política que lleva años conduciendo los destinos de la provincia. Su permanencia es resultado de procesos electorales y, como tal, debe ser reconocida. Sin embargo, ganar elecciones no otorga un cheque en blanco ni habilita a desconocer los derechos de las minorías.
El planteo de Patricia Mc Kid es concreto: desde el 31 de diciembre de 2025, el bloque Cambia Río Negro denuncia dificultades para participar de la labor parlamentaria, designar representantes en comisiones, organizarse dentro del recinto y reemplazar a sus integrantes cuando se producen ausencias. También cuestiona que algunos legisladores no cuenten siquiera con una oficina para desarrollar sus tareas.
Si estas situaciones se verifican, no estamos frente a una simple disputa de organización interna. Estamos ante un problema de representación política.
Una Legislatura no puede convertirse en una escribanía del oficialismo. Su función no es solamente aprobar las iniciativas del gobierno, sino debatirlas, controlarlas y garantizar que las distintas expresiones políticas tengan condiciones reales para participar.
Weretilneck y su bloque tienen la responsabilidad política de explicar estas decisiones. La mayoría puede imponer votaciones, pero no debería utilizarse para reducir la capacidad institucional de quienes piensan distinto.
La democracia no consiste en permitir que la oposición exista solamente cuando sus opiniones no incomodan.
LA JUSTICIA BAJO SOSPECHA: UNA FRONTERA QUE NO SE DEBE CRUZAR
La discusión se vuelve todavía más delicada cuando las críticas alcanzan al Poder Judicial.
Mc Kid denunció una utilización política de la Justicia y cuestionó los mecanismos de designación de jueces, fiscales y defensores. También señaló la situación del secretario parlamentario Nicolas Land que, pasó a desempeñarse como secretario electoral de cara a las próximas elecciones provinciales.
No son cuestiones que deban resolverse con consignas partidarias. Requieren explicaciones públicas, transparencia en los procedimientos y claridad sobre las eventuales incompatibilidades.
La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de derecho. Cuando la ciudadanía comienza a sospechar que las decisiones judiciales pueden estar condicionadas por intereses políticos, la confianza institucional se deteriora.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia vinculada al exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, fue señalada por Mc Kid como un ejemplo de lo que considera una utilización política de la Justicia. Si bien esa interpretación pertenece a la dirigente y debe analizarse a la luz de los fundamentos de la resolución y de las garantías procesales del caso, la sistematización de estas prácticas se han convertido en una herramienta del poder de Juntos Somos Rio.
Pero hay una cuestión que no admite discusión: ningún gobierno debe tener capacidad de utilizar los tribunales como herramienta de disciplinamiento político. La Justicia no puede ser oficialista ni opositora. Debe ser independiente.
Y si el oficialismo considera que las críticas carecen de fundamento, tiene una obligación elemental: responder con transparencia y demostrar que las instituciones funcionan con autonomía.
EL ESTADO NO PUEDE SER EL PATRIMONIO DE UN PARTIDO
Uno de los riesgos de los proyectos políticos que permanecen durante largos períodos en el poder es que comiencen a confundir la continuidad de un gobierno con la propiedad de las instituciones.
El Estado pertenece a todos los ciudadanos, también a quienes no votaron al oficialismo, a quienes lo cuestionan y a quienes trabajan para construir una alternativa política.
La Legislatura no pertenece a Juntos Somos Río Negro. El Poder Judicial tampoco. Los organismos electorales no son extensiones de una estructura partidaria.
Sin embargo, las denuncias que hoy formula Cambia Río Negro describen un escenario en el que la oposición siente que debe reclamar incluso por condiciones básicas de funcionamiento. Esa situación merece una respuesta política e institucional, no el silencio ni la descalificación.
Weretilneck debe comprender que la autoridad de un gobernador no se mide solamente por su capacidad de construir mayorías. También se mide por su disposición a respetar los límites del poder y garantizar que quienes lo enfrentan políticamente puedan hacerlo sin obstáculos institucionales.
2027: LA DISCUSIÓN NO SERÁ SOLAMENTE ELECTORAL
Río Negro se encamina hacia un nuevo escenario político. El anuncio del gobernador por tv nacional de adelantar las elecciones e ir separados de nacion y de las municipales dejo una señal clara. Pero la discusión que se abre no debería limitarse a quién será candidato, qué alianzas se construirán o qué partido tendrá más votos.
La cuestión de fondo es qué modelo institucional quiere la provincia.
¿Una provincia donde las mayorías circunstanciales puedan condicionar el funcionamiento de las minorías? ¿Una Justicia cuya independencia sea puesta permanentemente en discusión? ¿Una estructura estatal donde la pertenencia política genere ventajas o desventajas en el ejercicio de los derechos?
O, por el contrario, una provincia donde las reglas sean iguales para todos, donde el oficialismo pueda gobernar y la oposición controlar, donde los jueces respondan a la Constitución y no a los intereses de quienes ejercen el poder.
La democracia necesita oficialismo, oposición y alternancia. Pero, sobre todo, necesita instituciones que sobrevivan a los gobiernos.
NO HAY DEMOCRACIA SIN LÍMITES AL PODER
El mensaje de Patricia Mc Kid, con su frase «no nos van a callar», representa una advertencia política frente a lo que el espacio que lidera Anibal Tortoiello considera un avance sobre sus derechos de representación.
El reclamo merece ser escuchado y sus denuncias deben ser examinadas con documentación y procedimientos institucionales. No alcanza con proclamarse defensor de la democracia: hay que demostrarlo en el funcionamiento cotidiano de cada organismo público.
A 43 años de aquellas elecciones históricas, Río Negro tiene una oportunidad para discutir algo mucho más profundo que una confrontación entre partidos. Tiene la oportunidad de preguntarse si el poder está al servicio de las instituciones o si las instituciones están quedando subordinadas a quienes gobiernan.
Alberto Weretilneck y Juntos Somos Río Negro llevan años conduciendo la provincia. Esa continuidad les otorga una responsabilidad política ineludible frente al estado de las instituciones y las garantías democráticas.
Porque ganar elecciones habilita a gobernar, pero no habilita a apropiarse del Estado. Tener mayoría no significa tener razón en todo. Y ejercer el poder nunca puede significar silenciar al que piensa diferente.
La democracia no está amenazada solamente cuando se interrumpen las elecciones. También se debilita cuando se restringe la representación, se pierde la independencia institucional y el poder deja de reconocer sus propios límites.
Río Negro no necesita dueños del poder. Necesita instituciones libres, una Justicia independiente y una democracia donde nadie tenga que pedir permiso para ejercer los derechos que garantiza la Constitución.
El Mentor Digital — Editorial