En tiempos turbulentos, donde la violencia parece ser una constante, aparecen hechos que irrumpen en la realidad y dejan a más de uno fuera de lugar. En primer término, la impunidad; en segundo lugar, la vocación más bastardeada y, a la vez, más admirada: la docencia. Una profesión que ya no encuentra consuelo en un sistema tan rimbombante, donde lo coyuntural suele ser efímero y donde la trascendencia de los acontecimientos dura, muchas veces, lo mismo que un scrolleo.
¿Cuántas veces, cuando el cuerpo docente realiza un paro o marcha para reclamar salarios justos que ni siquiera se acercan a la canasta básica, el amarillismo mediático y también popular invocan la vocación como argumento para cuestionar sus reclamos? Esa misma vocación que resulta sagrada para quienes valoramos la educación, que se expresa en las maestras rurales que alfabetizan y, al mismo tiempo, asumen un enorme compromiso social con sus estudiantes, con las instituciones educativas y con la sociedad en general.
Pero ¿cómo puede ser posible que una maestra rural haya permanecido desaparecida durante más de 20 días? ¿Y que, paradójicamente, haya sido encontrada en un sector rural? ¿Qué condiciones atraviesan quienes deben trasladarse y trabajar en establecimientos educativos alejados, muchas veces sin las garantías necesarias para desarrollar su tarea de manera segura?
El asesinato de Nancy Godoy, docente correntina de 52 años y madre de tres hijos, volvió a poner estas preguntas en el centro de la escena. La autopsia reveló una muerte extremadamente violenta, provocada por múltiples lesiones punzocortantes y heridas compatibles con intentos de defensa. La investigación judicial continúa, con cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio, mientras se analiza la posible participación de más de una persona en el crimen.
En este contexto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para exigir justicia por Nancy. La medida tuvo un alto acatamiento en distintas provincias y estuvo acompañada por movilizaciones en todo el país, incluida una marcha desde el Obelisco. Junto con el pedido de justicia, la docencia volvió a reclamar condiciones laborales seguras, especialmente para quienes trabajan en escuelas rurales.
La voz de la docencia: justicia y responsabilidad del Estado
En el marco de la jornada nacional de protesta, Laura Ortiz expresó la bronca y el dolor del sector docente, pero también apuntó contra las responsabilidades que, desde su perspectiva, exceden a los autores materiales del crimen.
“En el día de hoy, en el marco del paro nacional, pedimos justicia para la compañera Nancy Godoy, madre de tres hijos y trabajadora de la educación, quien alzó la voz en defensa de la educación pública y no tuvo miedo de denunciar la desidia del Estado. Tomó un cargo para ir a trabajar a una escuela rural, una escuela en total abandono”, manifestó.
Ortiz sostuvo que la denuncia de Nancy sobre las condiciones en las que se encontraba el establecimiento educativo debe formar parte de la discusión pública y reclamó que se investiguen todas las responsabilidades vinculadas con el caso.
“Denunciar hoy le costó la vida a Nancy. Es un pedido que hicimos en las calles y no dejaremos de gritar que paguen los responsables. Y cuando hablamos de responsables, no hablamos solamente de los autores materiales, sino también de quienes idearon este final para Nancy y de los responsables políticos a quienes les molestó, les incomodó su denuncia sobre las condiciones en las que se encontraba la escuela donde le tocó ir a trabajar”, afirmó.
Sus declaraciones trasladaron el reclamo más allá del ámbito judicial y lo vincularon con las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente. Desde la organización sindical Unter, Ortiz señaló que las denuncias sobre infraestructura, presupuesto y seguridad escolar forman parte de una agenda que el sector viene sosteniendo desde hace tiempo.
“Desde Unter alzamos nuevamente la voz sobre algo que venimos denunciando hace mucho tiempo. El Gobierno de Río Negro también se alinea con las políticas de ajuste de un Gobierno nacional que vino a implementar políticas en contra de la clase trabajadora, a quitarles a los que menos tienen. En esa línea, el Gobierno de Río Negro también lleva adelante un plan de recorte a la educación pública”, expresó.
La dirigente advirtió que los edificios escolares de la provincia tampoco reúnen, en todos los casos, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes los habitan. En ese sentido, reclamó una mayor inversión estatal para que estudiantes y trabajadores de la educación puedan desarrollar sus actividades sin exponerse a riesgos evitables.
“Sabemos que nuestros edificios escolares tampoco tienen las condiciones que deben tener para ser espacios seguros para quienes los habitan. Vamos a seguir denunciando que el Estado tiene que poner mayor presupuesto para que nuestros estudiantes y quienes enseñamos podamos sentirnos seguros en el lugar donde estamos”, remarcó.
El dolor también atraviesa al Valle Medio
La jornada de protesta tuvo, además, una dimensión particular para la comunidad educativa de Río Negro. Ortiz destacó la participación de docentes en Gral Roca y en distintos puntos de la provincia, donde el pedido de justicia por Nancy convivió con reclamos vinculados con la situación educativa provincial.
“La verdad es que hoy ha sido un día de mucha bronca, de mucho dolor. Entendemos que este paro nacional ha tenido como resultado una movilización masiva en Fiske Menuco, pero también en cada uno de los puntos de la provincia de Río Negro, pidiendo justicia por Nancy, pero sin dejar de denunciar lo que nos sucede en nuestra provincia”, señaló.
Desde su experiencia como docente del Valle Medio, Ortiz también recordó la muerte de una compañera de Luis Beltrán y cuestionó las decisiones adoptadas en torno a sus condiciones de trabajo. Según relató, la trabajadora contaba con indicaciones médicas para no regresar a su puesto, pero la Junta Médica habría desoído esas recomendaciones.
“Como docente de Valle Medio, más allá de hoy ocupar un cargo a nivel provincial, no puedo dejar de mencionar la pérdida de una compañera de Luis Beltrán, quien tenía indicaciones médicas de no volver a su lugar de trabajo. La Junta Médica desoyó lo que los médicos decían, haciendo que la compañera volviera a trabajar en las condiciones en las que se encontraba, y eso le costó la vida”, sostuvo.
A ese caso sumó otro reclamo que, según indicó, el sector viene planteando en relación con las condiciones climáticas y la continuidad de las clases. Ortiz advirtió sobre los riesgos que enfrentan los docentes que deben circular por las rutas del Valle Medio para llegar a sus lugares de trabajo cuando el clima no es favorable y cuestionó que no se suspendan las actividades en esas circunstancias.
“Eso también le costó la vida a una compañera de Luis Beltrán que, en un accidente de tránsito, perdió su vida”, recordó.
Una vocación que no puede reemplazar los derechos
Las palabras de Laura Ortiz reflejan una jornada atravesada por la amargura y el dolor, pero también por una discusión que excede una medida de fuerza o una movilización. El reclamo docente vuelve a poner sobre la mesa las condiciones materiales en las que se enseña, la responsabilidad del Estado de garantizar establecimientos seguros y la necesidad de que las denuncias sean escuchadas antes de que las consecuencias sean irreparables.
La vocación docente, tantas veces utilizada para exigir sacrificios y justificar carencias, no puede convertirse en una obligación de trabajar a cualquier costo. La entrega de maestras y maestros no reemplaza los salarios dignos, la infraestructura adecuada, la prevención de riesgos ni las respuestas institucionales que corresponden.
Mientras la noticia de una movilización pierde espacio en la agenda pública y nuevos acontecimientos ocupan las pantallas, las demandas continúan. Detrás de cada reclamo hay trabajadores, estudiantes y comunidades que necesitan respuestas concretas. Detrás de cada escuela rural hay una realidad que no siempre llega a los grandes medios, pero que forma parte de la vida cotidiana de quienes sostienen la educación pública.
La justicia por Nancy Godoy exige que la investigación avance y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Al mismo tiempo, las denuncias sobre las condiciones laborales y de seguridad deben ser atendidas y verificadas por las autoridades competentes.
Porque la educación pública no puede sostenerse únicamente con la vocación de quienes la defienden. Y porque ninguna maestra debería tener que poner en riesgo su vida para cumplir con su trabajo.