La provincia de Río Negro se encamina a incorporar el uso de armas “no letales” en las fuerzas de seguridad, en medio de un debate que combina argumentos de prevención con fuertes advertencias por posibles abusos. El proyecto será tratado en la sesión de este miércoles en la Legislatura, luego de haber obtenido dictamen favorable en el plenario de comisiones.
La iniciativa, impulsada por la diputada Yolanda Mansilla, propone autorizar a la Policía provincial a utilizar dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular —como las pistolas Taser o Axon— además de gases irritantes, proyectiles de impacto controlado y otros elementos disuasivos.
El objetivo es dotar a los efectivos de herramientas intermedias que permitan reducir situaciones de violencia sin recurrir al uso de armas de fuego. En ese sentido, Mansilla defendió la propuesta al señalar que “es un proyecto que beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego”, evitando así consecuencias irreversibles. También remarcó que su uso estaría limitado a grupos específicos dentro de la fuerza.
Sin embargo, el avance del proyecto no estuvo exento de cuestionamientos. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de habilitar este tipo de armamento sin mayores precisiones en su aplicación.
El legislador Luciano Delgado Sempé planteó la necesidad de restringir su uso en contextos de protesta social, al señalar que las manifestaciones de trabajadores o estudiantes podrían verse afectadas por intervenciones desmedidas.
En la misma línea, la legisladora Ayelén Spósito cuestionó la posibilidad de aplicar estos dispositivos en situaciones que involucren a menores de edad, advirtiendo que podría tratarse de un uso excesivo de la fuerza.
Durante el plenario también participó el perito Martín Suárez, quien explicó el funcionamiento de las pistolas Taser y aseguró que los procedimientos quedan registrados en audio y video. Según detalló, se trata de dispositivos diseñados para inmovilizar momentáneamente, y no para generar daño permanente.
El dictamen fue aprobado por mayoría, aunque los legisladores José Luis Berros y Alejandra Más solicitaron un plazo de 48 horas para fijar la postura definitiva de sus bloques.
El tratamiento en el recinto marcará un punto clave: Río Negro podría sumarse a otras jurisdicciones que ya avanzaron con este tipo de herramientas, pero el debate deja en evidencia una tensión de fondo entre la necesidad de reforzar la seguridad y la obligación de garantizar derechos, especialmente en contextos de protesta social y frente a poblaciones vulnerables.
La decisión que tome la Legislatura no solo impactará en el accionar policial, sino también en el marco de convivencia democrática en la provincia.