Foto – Juan Casas

La desmentida del supuesto allanamiento al gobernador Alberto Weretilneck dejó una enseñanza política mucho más profunda que la noticia en sí.

En cuestión de horas, el Gobierno de Río Negro reaccionó. Emitió comunicados, fijó posición, identificó responsables políticos y desplegó toda su capacidad comunicacional para defender su imagen. La respuesta fue inmediata, coordinada y contundente.

Eso demuestra algo muy simple: el Gobierno no es un gobierno silencioso. Cuando quiere responder, responde.

Y justamente por eso surge la pregunta que hace años esperan los rionegrinos.

Si existe semejante capacidad para salir a desmentir una información, ¿por qué no existe la misma decisión para responder las preguntas que la sociedad viene formulando desde hace tanto tiempo?

¿Por qué sigue siendo tan difícil acceder a la información sobre los salarios de los funcionarios políticos?

¿Por qué las declaraciones juradas patrimoniales no forman parte de una política activa de transparencia?

¿Por qué nunca hubo explicaciones claras sobre los cuestionamientos vinculados al manejo de datos personales de miles de rionegrinos?

¿Por qué continúan sin responderse los interrogantes que dejaron las filtraciones de recibos de sueldo de la Legislatura? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué función cumplen? ¿Bajo qué criterios fueron incorporadas?

¿Por qué el silencio cada vez que aparecen denuncias públicas sobre el uso de recursos estatales, la distribución de la pauta oficial o presuntos vínculos entre sectores del poder político y personas mencionadas en investigaciones judiciales?

La transparencia no consiste en desmentir una noticia.

La transparencia consiste en rendir cuentas todos los días.

Y mientras el Gobierno elige el silencio frente a esas preguntas, vuelve a recurrir a una vieja receta que los rionegrinos conocen demasiado bien.

En los últimos meses se multiplicaron los anuncios de aumentos salariales, pases a planta permanente de más de 4.200 trabajadores y nuevas recategorizaciones dentro del Estado. Nadie discute el derecho de los trabajadores a mejorar su situación laboral ni a acceder a la estabilidad cuando corresponde. Lo que sí merece discusión es el momento político en que se anuncian estas decisiones y el uso que puede hacerse de ellas.

Cuando docentes, policías, personal de salud y empleados públicos vienen expresando desde hace años su malestar por salarios que pierden frente a la inflación, condiciones laborales deterioradas y falta de respuestas estructurales, anunciar recategorizaciones con escaso impacto económico puede ser percibido por muchos como una medida insuficiente. Del mismo modo, es legítimo que la ciudadanía se pregunte si anuncios de esta magnitud responden exclusivamente a una política de Estado o también a una estrategia para recuperar respaldo político.

Parecen reflejos de un modelo que siente el desgaste. Intentos desesperados por conservar un poder territorial que ya no encuentra el mismo respaldo social de otros tiempos.

Son prácticas que pertenecen a una forma de hacer política que Río Negro conoce desde hace décadas: utilizar el Estado como herramienta de construcción electoral en lugar de convertirlo en un instrumento de transformación para los ciudadanos.

Los empleados públicos ya no son rehenes del poder político.

Los docentes ya no votan por miedo.

Los policías ya no se conforman con anuncios.

Los trabajadores de la salud ya no aceptan promesas sin resultados.

La sociedad cambió. Exige transparencia, información, planificación y respeto. No alcanza con anunciar medidas cuando el calendario electoral comienza a acercarse. Gobernar no es administrar expectativas cada dos años; es resolver problemas todos los días.

Lo ocurrido con la falsa noticia terminó revelando algo mucho más importante.

No era verdad que el Gobierno no pudiera responder.

Puede hacerlo.

Lo hace rápido.

Lo hace con fuerza.

Lo hace cuando siente que el poder está en riesgo.

Entonces el problema nunca fue la capacidad de comunicar.

El problema es la decisión política de callar cuando las preguntas incomodan.

Porque un Estado transparente no se mide por la velocidad con la que desmiente una noticia.

Se mide por la voluntad de responder, todos los días, a quienes verdaderamente le debe explicaciones: los rionegrinos.