La denuncia del Gobierno de Río Negro sobre un presunto acceso indebido a documentación reservada de los sistemas informáticos provinciales sumó un nuevo capítulo político. Un grupo de quince legisladores de la oposición presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique el alcance del incidente, las medidas adoptadas y el estado de la investigación judicial.
El planteo fue impulsado por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y reunió el acompañamiento de legisladores de distintos espacios opositores, entre ellos integrantes del bloque PJ–Nuevo Encuentro, Cambia Río Negro y legisladores que anteriormente pertenecían al oficialismo.
La oposición busca conocer cómo fue posible la presunta vulneración de los sistemas oficiales, qué información pudo haber quedado expuesta y cuáles fueron los protocolos activados por el Gobierno para preservar la evidencia digital y proteger la información pública.
Entre otros puntos, el pedido requiere detalles sobre la infraestructura de ciberseguridad de la Provincia, los mecanismos de autenticación de usuarios, los registros de accesos, los protocolos de contingencia y el rol desempeñado por la empresa estatal ALTEC en la administración y monitoreo de los sistemas.
Además, los legisladores pusieron bajo análisis el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado por la Ley Provincial Nº 5793 como la plataforma destinada a garantizar la seguridad, confidencialidad y trazabilidad del intercambio de información entre los organismos públicos.
La denuncia y el allanamiento
El caso adquirió mayor dimensión política luego de que el Gobierno provincial denunciara públicamente un presunto hackeo a sus sistemas informáticos.
En paralelo, el sitio especializado La Política Online informó que, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal, se realizaron procedimientos en dependencias del Gobierno provincial para recolectar evidencia vinculada a la causa. Hasta el momento, las autoridades provinciales no brindaron mayores precisiones públicas sobre el alcance de esas actuaciones judiciales.
En ese contexto, la oposición considera que el Ejecutivo debe informar si existió efectivamente una vulneración de los sistemas, cuál fue la magnitud del incidente y si los mecanismos de seguridad implementados por la Provincia resultaron suficientes para proteger información considerada estratégica.
Un debate sobre transparencia y seguridad
El episodio abrió un nuevo frente político para la administración de Alberto Weretilneck. Más allá de la investigación judicial en curso, el pedido de informes busca determinar si el Estado provincial contaba con las herramientas técnicas necesarias para prevenir un incidente de estas características y si se actuó conforme a los protocolos establecidos una vez detectado el presunto acceso indebido.
Los legisladores sostienen que la Legislatura debe contar con información completa sobre un hecho que involucra la seguridad de los sistemas informáticos provinciales y el resguardo de datos públicos, con el fin de ejercer su función de control y evaluar si corresponde impulsar medidas para fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado.
Mientras la Justicia Federal continúa con la investigación, el Gobierno provincial enfrenta ahora también el desafío de responder políticamente a los interrogantes planteados por la oposición respecto de uno de los episodios de ciberseguridad más sensibles registrados en la administración pública rionegrina.