La muerte de un joven camionero en el vuelco de un camión sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Choele Choel, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que la dirigencia política no puede seguir esquivando: ¿quiénes son los responsables de esta tragedia?

No se trata de un accidente aislado ni de un hecho imprevisible. La obra inconclusa de la rotonda ubicada en la intersección de las rutas nacionales 22 y 250 acumula desde hace años denuncias, reclamos, advertencias y promesas incumplidas que anticipaban que el desenlace podía ser fatal.

La historia de esta obra resume, quizás como pocas, dos de los grandes problemas estructurales de la Argentina: la corrupción que durante años atravesó la obra pública y el abandono absoluto de la infraestructura como consecuencia de decisiones políticas posteriores.

Durante años, la obra pública fue utilizada como una herramienta de negocios. La denominada Causa Vialidad, cuya condena penal contra Cristina Fernández de Kirchner fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, dejó acreditado un esquema de direccionamiento de contratos y sobreprecios que provocó un enorme perjuicio económico al Estado. Los peritajes judiciales actualizaron el monto del daño patrimonial en más de 684.000 millones de pesos, reflejando el costo de obras sobrevaluadas, demoradas o directamente inconclusas.

Pero la responsabilidad política no termina allí.

Con la llegada del gobierno de Javier Milei, la paralización de la obra pública nacional pasó a convertirse en una política de Estado bajo el objetivo del déficit cero. El ajuste fiscal implicó frenar contratos, suspender inversiones y abandonar cientos de obras viales, habitacionales y de infraestructura en todo el país.

La rotonda de Choele Choel quedó atrapada entre esos dos modelos: primero, una Argentina donde la obra pública fue señalada por corrupción; después, otra donde la respuesta fue directamente dejar de construir.

La reactivación que nunca llegó

Incluso hubo anuncios que generaron expectativas y terminaron frustrándose.

En el marco de las negociaciones por la aprobación de la Ley Bases en el Senado, trascendió que la senadora rionegrina Mónica Silva había logrado incorporar entre los compromisos del Gobierno Nacional la reactivación de la obra de la rotonda de Choele Choel. La legisladora llegó a anunciar que los trabajos volverían a ponerse en marcha en septiembre de 2024.

Eso nunca ocurrió.

Meses después volvieron a difundirse versiones sobre una inminente reactivación, pero nuevamente fueron desmentidas.

Finalmente, el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, comunicó al intendente Diego Ramello que la obra no sería retomada, sino que únicamente se realizarían tareas de señalización y se habilitaría el tránsito sobre una infraestructura inconclusa.

Aquella negociación política terminó reducida a carteles y demarcaciones sobre una obra que continuó abandonada.

Hoy, después de una muerte, queda demostrado que la señalización por sí sola nunca podía reemplazar la finalización de una obra diseñada precisamente para evitar accidentes.

Reclamos que fueron ignorados

Las advertencias existieron.

El concejal Darío Castro mantuvo durante meses uno de los reclamos institucionales más persistentes sobre esta problemática.

Presentó cartas documento dirigidas al presidente Javier Milei y a Vialidad Nacional exigiendo la reactivación inmediata de la obra. Posteriormente intimó nuevamente al Distrito 20 otorgando plazos para reiniciar los trabajos y advirtiendo que la demora colocaba en riesgo permanente la vida de quienes transitaban diariamente por el sector.

También solicitó el perfilado de los caminos alternativos, el desmalezamiento de banquinas y mejoras urgentes en la señalización.

Ante la ausencia de respuestas de Nación, fue el propio Municipio de Choele Choel quien intervino con maquinaria propia para mejorar provisoriamente los desvíos y reforzar la señalización.

Pero nada de eso alcanzó.

Las falencias seguían siendo evidentes: escasa cartelería preventiva, señalización insuficiente durante la noche, desvíos deteriorados, carriles reducidos y una obra abandonada que obligaba a realizar maniobras peligrosas.

Una tragedia que interpela a toda la dirigencia

Hoy una familia llora la pérdida de un hijo.

Y la política vuelve a reaccionar después de la tragedia.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que la Provincia asumirá la finalización de la obra, una decisión necesaria para resolver definitivamente el problema vial, pero que llega luego de años de reclamos y en el inicio de un nuevo calendario electoral.

La pregunta vuelve a ser inevitable.

¿Por qué hubo que esperar una muerte para acelerar una decisión que durante años fue reclamada por vecinos, transportistas, autoridades municipales y dirigentes políticos?

La Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas, incumplimientos o negligencias.

Pero existe también una responsabilidad política que no puede esconderse detrás de los expedientes.

Cuando el Estado conoce durante años un riesgo concreto y no actúa con la urgencia necesaria, fracasa en una de sus funciones esenciales: proteger la vida de sus ciudadanos.

Mientras tanto, Río Negro continúa enfrentando escuelas con graves problemas edilicios, hospitales que trabajan al límite de su capacidad y una infraestructura que evidencia décadas de falta de planificación.

La tragedia de Choele Choel no debería convertirse en una noticia más.

Porque las rutas no matan por sí solas.

Las obras abandonadas, las promesas incumplidas, la corrupción que desvió recursos públicos, las decisiones de paralizar inversiones estratégicas y la inacción de quienes tenían la responsabilidad de actuar también forman parte de una cadena de responsabilidades que la sociedad tiene derecho a discutir.

La muerte de este joven camionero exige mucho más que condolencias.

Exige memoria.

Exige justicia.

Y exige que la política deje de llegar siempre después de las tragedias.