La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que revise la condena impuesta en la denominada causa Vialidad, al considerar que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales previstas en tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
La presentación fue realizada por su equipo de abogados, integrado por Alberto Beraldi, el español Javier Borrego, especialista en derechos humanos, y el brasileño Rafael Valim, recientemente incorporado a la defensa y reconocido por su participación en la estrategia jurídica del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Denuncian violaciones a los derechos humanos
Los representantes legales sostienen que el proceso judicial vulneró derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en la Argentina.
En ese marco, solicitaron al Comité de la ONU que declare la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, disponga la revisión de la condena y deje sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la exmandataria.
A través de una columna publicada en distintos medios internacionales, Cristina Kirchner afirmó que la presentación no responde a una simple disconformidad con las decisiones de la Justicia argentina.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, sostuvo.
El planteo de la defensa
El abogado Alberto Beraldi explicó que, una vez agotadas las instancias judiciales en el país, quedó habilitada la posibilidad de acudir a organismos internacionales.
Por su parte, Javier Borrego aseguró haber detectado “numerosas violaciones y arbitrariedades” durante el proceso y sostuvo que la denuncia busca que un organismo internacional evalúe esas actuaciones.
En tanto, Rafael Valim remarcó que la presentación “no constituye un acto de agresión contra el sistema judicial argentino”, sino un mecanismo previsto por la Constitución Nacional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
También solicitaron cambios en la prisión domiciliaria
Además del planteo sobre la condena, la defensa pidió medidas cautelares vinculadas con las condiciones de detención de la expresidenta.
Entre los pedidos figuran la eliminación de restricciones para recibir visitas, una mayor autorización para utilizar espacios abiertos de la vivienda donde cumple prisión domiciliaria y el cese de lo que califican como un trato discriminatorio.
Asimismo, solicitaron que no se responsabilice a Cristina Kirchner por las manifestaciones que realizan terceros en las inmediaciones de su domicilio.
Qué puede resolver la ONU
Según explicó la defensa, el Comité de Derechos Humanos de la ONU podrá analizar si durante el proceso judicial existieron violaciones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Los abogados señalaron que el organismo podría dictar medidas cautelares en los próximos meses y, posteriormente, emitir una resolución sobre el fondo del caso, aunque advirtieron que ese procedimiento podría demandar varios años.
La presentación internacional abre un nuevo capítulo judicial y político para la expresidenta, quien busca revertir tanto la condena dictada en la causa Vialidad como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.