La aprobación del proyecto de pase a planta permanente de unos 4.200 trabajadores estatales dejó al descubierto nuevas diferencias políticas en la Legislatura de Río Negro. Aunque el bloque Vamos con Todos acompañó la iniciativa, cuestionó con dureza al gobernador Alberto Weretilneck por impulsar la medida en un contexto preelectoral, tras haber demorado durante años una decisión de estas características.
Desde la bancada señalaron que la estabilidad laboral constituye un derecho constitucional y no una concesión del gobierno de turno, pero advirtieron que el oficialismo decidió avanzar con el proyecto en un momento que genera sospechas sobre su verdadera motivación.
“No es un regalo, es un derecho”
Durante el debate legislativo, la legisladora Magdalena Odarda sostuvo que el pase a planta representa una reparación para miles de trabajadores que durante años sostuvieron el funcionamiento del Estado en condiciones de precariedad laboral.
“La estabilidad en el empleo público no es un regalo ni un obsequio; es un derecho consagrado en la Constitución Nacional”, afirmó.
Sin embargo, desde el bloque remarcaron que el Ejecutivo provincial tuvo más de tres años para impulsar esta regularización y eligió hacerlo cuando la provincia ya comienza a transitar el camino hacia las elecciones de 2027.
Críticas al uso político del Estado
La principal objeción del espacio opositor estuvo dirigida al momento elegido por el Gobierno para enviar el proyecto.
“La estabilidad laboral no puede ser utilizada como una herramienta de campaña ni como moneda de especulación política”, expresaron los legisladores.
Para Vamos con Todos, el reconocimiento de derechos laborales no debe depender del calendario electoral ni convertirse en un instrumento político.
Reclamos por salarios y condiciones laborales
El presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que el pase a planta debe ser apenas el inicio de una política integral para los trabajadores estatales.
En ese sentido, reclamó mejoras salariales, recuperación del poder adquisitivo y mayores inversiones en hospitales, escuelas y organismos públicos.
La bancada cuestionó además el deterioro edilicio de distintas dependencias estatales, la falta de insumos en hospitales y la utilización de sumas no remunerativas como parte de la política salarial del Ejecutivo.
Por su parte, la legisladora Ayelén Spósito aseguró que desde 2023 los trabajadores estatales perdieron entre un 20% y un 25% de su salario real, por lo que reclamó paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo.
Piden terminar con la precarización
El bloque también advirtió que la ley aprobada no resuelve otras formas de contratación precaria que continúan vigentes dentro del Estado provincial.
El legislador Luciano Delgado Sempé señaló que muchos empleados siguen dependiendo de contratos temporarios, horas cátedra o adicionales no remunerativos, una situación que afecta derechos previsionales, licencias y futuras jubilaciones.
Además, sostuvo que la incertidumbre sobre la continuidad laboral impide a numerosos trabajadores proyectar su vida personal y familiar.
Transparencia y reglas claras
Finalmente, Vamos con Todos reclamó que el proceso de incorporación a planta permanente se lleve adelante con criterios objetivos, transparencia y sin condicionamientos políticos.
“Siempre acompañaremos toda medida que amplíe derechos laborales y fortalezca un Estado presente, pero seguiremos denunciando el uso electoral de decisiones que debieron tomarse hace años”, concluyó el bloque.
El debate dejó en evidencia que, aunque existe consenso sobre la necesidad de brindar estabilidad a miles de trabajadores estatales, la oposición coincide en cuestionar el momento elegido por el Gobierno de Alberto Weretilneck para impulsar una medida de fuerte impacto político e institucional.