Por Damián Betancour 

A la 1:30 de la madrugada, el Senado aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el resultado final estuvo muy lejos del proyecto original impulsado por el Gobierno nacional y diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El dato político más relevante no fue únicamente la aprobación de la ley, sino el profundo recorte que sufrió durante las negociaciones parlamentarias. De seis capítulos, el proyecto terminó reducido a poco más de uno. La ironía del senador formoseño José Mayans —“¿Por qué no retiran la ley completa? De seis capítulos pasamos a uno y medio”— reflejó el nivel de modificaciones que el oficialismo debió aceptar para reunir los votos necesarios.

Ese retroceso no fue casual.

El Gobierno necesitó negociar con bloques dialoguistas, legisladores provinciales y gobernadores que manifestaron reparos sobre el capítulo referido a la Ley de Tierras. La reunión entre Patricia Bullrich y el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, fue una muestra de que el consenso no existía y debía construirse mediante concesiones políticas.

El resultado fue la eliminación del capítulo más controvertido del proyecto.

Cuando la sociedad logra influir

Durante la sesión, distintas organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos se movilizaron en diferentes puntos del país.

En el Valle Medio, por ejemplo, Unter convocó a una manifestación en la Plaza de las Banderas de Choele Choel bajo la consigna “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”.

Al mismo tiempo, artistas, deportistas, referentes ambientales y distintos sectores sociales instalaron el debate en redes sociales.

Sería exagerado afirmar que esa movilización, por sí sola, hizo retroceder al Gobierno. La política rara vez responde a un único factor. Sin embargo, también sería un error minimizar el impacto que tuvo la presión social sobre una discusión que hasta entonces permanecía prácticamente restringida al ámbito legislativo.

Las redes sociales lograron que miles de personas comenzaran a preguntarse qué implicaba realmente el proyecto y cuáles podían ser sus consecuencias.

La discusión dejó de ser exclusivamente técnica para convertirse en un debate público.

Y cuando la opinión pública entra en escena, la política suele modificar sus cálculos.

Mucho más que una ley

La discusión sobre la tierra no apareció aislada.

Desde comienzos de año el Gobierno nacional viene impulsando una agenda de fuerte apertura económica orientada a captar inversiones extranjeras.

En ese contexto se inscriben el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la profundización de las políticas de desregulación económica y las declaraciones de distintos funcionarios sobre la necesidad de atraer capitales internacionales.

Es legítimo debatir cómo generar inversiones y crecimiento económico.

Lo que también resulta legítimo es preguntarse cuáles son los límites de ese proceso cuando involucra recursos estratégicos como la tierra, el agua, los minerales o los territorios ambientalmente sensibles.

Ese fue, precisamente, el núcleo del debate político.

El verdadero aprendizaje

Más allá del resultado legislativo, quedó una enseñanza importante.

Las leyes pueden modificarse.

Los gobiernos pueden retroceder.

Y los consensos parlamentarios pueden cambiar cuando existe suficiente presión política, institucional y social.

No fue solamente la oposición.

No fueron solamente los gobernadores.

No fueron solamente las organizaciones sociales.

Fue la combinación de todos esos factores la que obligó al oficialismo a reformular un proyecto que, semanas antes, parecía inamovible.

La democracia funciona precisamente así: cuando el debate sale de los despachos y llega a la sociedad.

El capítulo de Tierras finalmente quedó fuera de la ley.

Pero la discusión sobre el modelo de desarrollo que necesita la Argentina sigue completamente abierta.

Porque detrás del debate sobre quién puede comprar la tierra, en realidad se discute algo mucho más profundo: qué país queremos construir y hasta dónde estamos dispuestos a ceder el control sobre nuestros recursos estratégicos en nombre del crecimiento económico.