Un grupo de vecinos y vecinas de calle 42 A, en Choele Choel, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía, el Juzgado de Paz y el Ministerio de Educación de Río Negro para que se evalúe una situación que, según manifiestan, genera temor y preocupación en el barrio.
La presentación fue realizada el lunes 31 de agosto y tiene, de acuerdo con sus firmantes, un carácter preventivo y de protección, especialmente respecto de niñas, niños y adolescentes que viven y concurren diariamente a instituciones educativas de la zona.
Según consta en la nota presentada, la preocupación está relacionada con la presencia en el sector de una persona sobre la que existirían denuncias y antecedentes vinculados con hechos que afectarían la integridad sexual de menores. Los vecinos remarcan que actualmente esa persona se encuentra en libertad y reside en inmediaciones de numerosas familias.
La cercanía con escuelas y una residencia estudiantilUno de los principales argumentos planteados por los vecinos es la ubicación del domicilio señalado.
De acuerdo con la presentación, se encontraría aproximadamente a 80 metros de la Escuela Primaria N.º 354, a unos 150 metros de la Residencia Mixta Estudiantil y también en cercanías del Jardín de Infantes N.º 98.Para las familias del sector, esta proximidad genera una preocupación adicional por la circulación cotidiana de niños, niñas y adolescentes.
La nota presentada ante los organismos aclara que el objetivo no es atribuir responsabilidades ni interferir en decisiones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial, sino solicitar que las autoridades competentes evalúen la situación y adopten, si corresponde, medidas preventivas y de protección.¿Qué están solicitando?
Entre los pedidos formulados se encuentra que la Fiscalía y el Juzgado de Paz analicen la situación y determinen si existen actualmente medidas judiciales, restricciones, pautas de conducta u otros controles vinculados con la persona mencionada.Asimismo, solicitan que, si corresponde, se implementen medidas destinadas a prevenir posibles situaciones de riesgo.
Los vecinos también pidieron la intervención del Ministerio de Educación de Río Negro, considerando la proximidad de establecimientos educativos, para que se evalúen medidas institucionales de prevención y resguardo.Además, plantearon la necesidad de una articulación entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Juzgado de Paz, los organismos encargados de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, Educación y las demás instituciones que tengan competencia en la materia.
“Estamos pidiendo prevención, protección y respuestas”
En un mensaje difundido junto con la presentación, los vecinos expresaron que continúan reuniendo firmas y reclamando respuestas de las autoridades.Su preocupación, señalaron, se profundizó porque la persona mencionada permanece en libertad y, según manifiestan, circula nuevamente por el barrio.
“Es injusto que una de las familias denunciantes tenga que tenerlo viviendo en la casa lindera”, expresaron, planteando que la situación genera temor incluso para desarrollar actividades cotidianas dentro de sus propios hogares.
El reclamo, sostienen, no se limita a una familia en particular. Para los vecinos, la presencia cercana de una escuela, un jardín, una residencia estudiantil y numerosas familias con menores convierte el planteo en una cuestión que requiere prevención y evaluación institucional.
“Estamos pidiendo prevención. Estamos pidiendo protección. Estamos pidiendo respuestas”, concluyeron.
Un pedido que ahora queda en manos de los organismos competentesLa presentación coloca nuevamente en el centro del debate la necesidad de que, ante situaciones que involucren posibles riesgos para niños y adolescentes, los distintos organismos del Estado actúen de manera coordinada y preventiva, sin que ello implique anticipar responsabilidades penales que deben ser determinadas por la Justicia.
Ahora serán las autoridades competentes las que deberán evaluar los antecedentes, verificar la existencia de eventuales medidas judiciales vigentes y determinar si corresponde adoptar nuevas acciones de protección para las familias y los menores que viven y concurren a las instituciones educativas del sector.