La presentación judicial alcanza a cinco compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. La medida fue impulsada por el canciller Pablo Quirno y se produce luego de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las islas.
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra empresas hidrocarburíferas que desarrollan actividades en las Islas Malvinas, en una nueva medida vinculada con la política argentina de reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
La presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directivos, representantes y otras personas que pudieran haber intervenido en las actividades denunciadas.
La denuncia y la Ley 26.659
Según informó el Gobierno, la acción judicial se fundamenta en la presunta existencia de licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo sostiene que esas actividades se desarrollarían en presunta violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659, normativa que regula determinadas actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina y establece sanciones para quienes operen sin las correspondientes autorizaciones nacionales.
La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La medida se conoció después de la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno introdujo modificaciones relacionadas con la aplicación de la Ley 26.659.
Una nueva ofensiva jurídica por los recursos de las islas
La presentación judicial forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno nacional para endurecer las medidas contra compañías que desarrollen actividades económicas en el área de las islas bajo licencias británicas.
Desde la Casa Rosada señalaron que la denuncia constituye una acción destinada a proteger los recursos naturales y defender los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El Gobierno sostuvo además que la defensa de la soberanía debe realizarse utilizando las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos que Argentina considera propios.
En ese marco, anticipó que continuará impulsando investigaciones y acciones judiciales frente a actividades que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos.
Prioridad para la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027
La política anunciada por el Gobierno también contempla un refuerzo de las capacidades estratégicas del Estado.
Según se informó, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada, además de otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre para iniciar su tratamiento legislativo.
Desde el Gobierno señalaron que estas medidas forman parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos del país.
Malvinas vuelve al centro de la agenda nacional
La denuncia contra las empresas hidrocarburíferas y la decisión de priorizar inversiones estratégicas vinculadas con la defensa marítima muestran un endurecimiento de la política del Gobierno de Milei respecto de las actividades económicas desarrolladas en las islas.
El conflicto de soberanía continúa siendo uno de los principales asuntos de política exterior para la Argentina y, con estas nuevas medidas, el Gobierno busca trasladar el reclamo más allá del plano diplomático, utilizando también herramientas judiciales, económicas y estratégicas para defender la posición argentina.