La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, junto a Mirta López, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Río Negro explique las razones del cierre del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de Sierra Grande y detalle qué ocurrirá con los chicos que se encontraban alojados en la institución.
La iniciativa, impulsada por Odarda, cuenta con el acompañamiento de legisladores de Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, y pone nuevamente en el centro de la discusión la política provincial de protección de niños, niñas y adolescentes.
La decisión de cerrar el dispositivo fue comunicada el 8 de septiembre por la Subsecretaría de Medidas de Protección Excepcional de la SENAF, que fundamentó la medida en una “reorganización y adecuación” de los dispositivos de protección.
Para las legisladoras, esa explicación resulta insuficiente frente a una decisión que involucra directamente a niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección excepcional y que requieren una respuesta específica por parte del Estado.
¿Dónde serán trasladados los chicos?
Uno de los principales interrogantes planteados por Odarda y López tiene que ver con el destino de los niños y adolescentes que estaban alojados en el CAINA.
“Queremos saber dónde van a ser trasladados, qué va a pasar con ellos y qué alternativas van a quedar en Sierra Grande. No se puede cerrar un lugar de estas características sin dar respuestas claras”, señaló Odarda.
Las legisladoras solicitaron conocer a qué localidades serán derivados los chicos, qué distancia tendrán respecto de Sierra Grande y cómo se garantizará la continuidad de sus vínculos familiares y comunitarios.
La preocupación adquiere especial relevancia en aquellos casos en los que pudiera haber hermanos alojados en el dispositivo.
En ese sentido, reclamaron que cualquier traslado contemple como prioridad evitar la separación de grupos de hermanos, además de preservar, en la medida de lo posible, sus vínculos familiares, educativos y afectivos.
“Detrás de cada traslado hay chicos”
Odarda advirtió que una medida de traslado no puede ser analizada solamente desde una perspectiva administrativa.
“Hay que tener en cuenta que detrás de cada traslado hay chicos que tienen una familia, una escuela, vínculos y una comunidad. Alejarlos de su lugar también tiene consecuencias”, sostuvo.
El planteo introduce una cuestión central en cualquier política de protección integral: las decisiones institucionales deben considerar la trayectoria particular de cada niño o adolescente y el impacto que los cambios de residencia pueden generar en sus vínculos y procesos de acompañamiento.
Por eso, el pedido de informes también busca determinar si antes de disponer el cierre se realizó una evaluación específica sobre las consecuencias que la medida podría generar en los niños y adolescentes involucrados.
¿Qué evaluación realizó SENAF?
Las legisladoras solicitaron que el Ejecutivo provincial informe cuáles fueron los fundamentos técnicos y administrativos que llevaron al cierre, qué equipos profesionales participaron del proceso y si se realizó un análisis previo sobre las necesidades de Sierra Grande y de la Zona Atlántica.
La discusión no se limita, de esta manera, al cierre de un edificio o dispositivo.
El interrogante de fondo es qué respuesta brindará el sistema de protección de derechos cuando un niño, niña o adolescente de Sierra Grande necesite una medida de protección excepcional.
“Hay que saber cuál es el plan y cómo piensa garantizar el Estado la protección de los niños, niñas y adolescentes de Sierra Grande cuando necesiten una respuesta”, plantearon desde el espacio legislativo.
También preguntan por los trabajadores
El pedido de informes incluye además la situación de los trabajadores que desarrollaban sus tareas en el CAINA.
Odarda y López solicitaron conocer qué ocurrirá con el personal y qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar la continuidad de los equipos profesionales vinculados a la protección de derechos.
Al mismo tiempo, pidieron precisiones respecto de la posibilidad de que el Ejecutivo provincial implemente, fortalezca o habilite otro dispositivo en Sierra Grande que pueda cumplir las funciones que hasta ahora desarrollaba el CAINA.
“El CAINA cumple una función que alguien va a tener que seguir cumpliendo. El Gobierno debe explicar cuál es el plan”, sostuvo Odarda.
Un cierre que abre nuevos interrogantes
El cierre del CAINA de Sierra Grande vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento del sistema provincial de protección integral y la capacidad del Estado para brindar respuestas cercanas a las comunidades donde existen situaciones de vulneración de derechos.
Para las legisladoras, la reorganización de dispositivos no puede convertirse simplemente en una decisión administrativa. Debe existir una explicación clara sobre el destino de cada niño y adolescente, la continuidad de sus tratamientos y acompañamientos, la preservación de sus vínculos y el funcionamiento futuro del sistema en la localidad.
Ahora, la respuesta queda en manos del Gobierno provincial.
Porque cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, reorganizar un dispositivo no significa solamente cambiar una estructura: significa tomar decisiones sobre vidas, vínculos, historias y derechos.