El Plenario de Secretarios Generales del gremio docente ratificó por unanimidad la medida de fuerza definida por el último Congreso. Además, anunció una movilización a la Legislatura durante el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno provincial.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) resolvió por unanimidad efectivizar un paro de 48 horas en rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley K N.º 2753, que regula el funcionamiento del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
La medida había sido definida previamente por el Congreso del sindicato y fue ratificada el viernes 18 de septiembre durante el Plenario de Secretarios Generales realizado en General Roca-Fiske Menuco.
El gremio también anunció que se movilizará a la Legislatura de Río Negro durante el tratamiento de la iniciativa, previsto para el jueves 24 de septiembre, y que participará junto con otros sectores sindicales en las acciones contra el proyecto.
“Antes de hablar de libertad de elección necesitamos transparencia”
Desde UnTER cuestionaron el planteo del Gobierno provincial y señalaron que, antes de discutir la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir otra obra social para derivar sus aportes, consideran necesario conocer con mayor precisión la situación actual del IPROSS.
“Frente a esta iniciativa del Gobierno provincial, reafirmamos que antes de hablar de libertad de elección necesitamos transparencia”, sostuvo la organización sindical.
En ese sentido, reclamó información sobre los aportes, ingresos, distribución de recursos, endeudamiento, prestaciones, cobertura de medicamentos e insumos, además de las razones que, según el gremio, explican el deterioro que viene denunciando en la obra social estatal.
Para UnTER, contar con estos datos resulta central antes de avanzar con una modificación estructural del sistema.
El gremio dice que no busca abandonar el IPROSS
Uno de los puntos que UnTER buscó dejar en claro es que sus cuestionamientos al funcionamiento actual de la obra social no significan, según su posición, respaldar una salida del sistema.
“Denunciar las dificultades que atraviesa nuestra obra social no significa abandonarla. Significa defenderla y exigir que funcione, que garantice prestaciones de calidad y que sus recursos sean administrados con transparencia”, expresó el sindicato.
La organización docente reivindicó además el carácter solidario del IPROSS y sostuvo que la obra social constituye una herramienta fundamental para los trabajadores estatales y sus familias.
Reclaman participación de los trabajadores
Otro de los reclamos centrales está relacionado con la conducción del organismo.
UnTER exige una participación efectiva de los trabajadores en la Junta de Administración del IPROSS, con intervención tanto en las decisiones como en los mecanismos de control de los recursos.
“Exigimos participación real de los trabajadores en la Junta de Administración, para ser parte de las decisiones y del control de los recursos”, planteó el gremio.
El reclamo se suma a los planteos formulados en los últimos días por distintas organizaciones sindicales que representan a trabajadores alcanzados por la cobertura del IPROSS.
Una semana de fuerte tensión alrededor del IPROSS
El conflicto se produce mientras la Legislatura avanza con el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.
La iniciativa generó rechazo entre diferentes organizaciones sindicales, mientras que desde la oposición legislativa también se planteó la necesidad de contar con mayor información antes de avanzar con la reforma.
De esta manera, el debate por el futuro del IPROSS comienza a trasladarse de los despachos legislativos a las calles.
UnTER confirmó que acompañará el tratamiento con una movilización y una medida de fuerza de 48 horas, mientras reclama transparencia sobre la situación financiera y prestacional del organismo y mayor participación de los afiliados en su administración.
La discusión tendrá ahora un nuevo escenario en la Legislatura, donde el oficialismo deberá defender los alcances de la reforma frente a una oposición política y sindical que reclama mayor información y participación.