La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en Asuntos Sociales. Propone reemplazar la afiliación obligatoria por un régimen voluntario u optativo. Gremios y sectores de la oposición cuestionaron la velocidad del tratamiento y reclamaron mayor información, mientras el oficialismo defendió la libre elección como una herramienta para obligar al IPROSS a competir y mejorar.
El proyecto que modifica el régimen de afiliación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) avanzó este lunes en la Legislatura de Río Negro luego de ser aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales.
La iniciativa 1137/2026, enviada por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre, propone modificar la Ley K 2753 para reemplazar el actual régimen de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo, alcanzando a trabajadores activos, afiliados actuales y futuros, además de jubilados y pensionados. El expediente continúa ahora su recorrido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
El debate fue extenso y expuso diferencias entre el oficialismo, los bloques opositores y las organizaciones sindicales. Entre los principales interrogantes aparecieron el impacto económico de una eventual salida de afiliados, el destino de los aportes, las condiciones para regresar al IPROSS, la situación de los jubilados y la velocidad con la que el proyecto está siendo tratado.
Pero hubo una pregunta que atravesó buena parte de la discusión:
¿Por qué modificar ahora el régimen y por qué avanzar con tanta rapidez?
Los gremios cuestionaron el cambio de régimen
Una de las exposiciones más críticas fue la de la secretaria general de UnTER, Laura Ortiz, quien intervino en representación de sectores sindicales que habían acordado previamente una posición común en defensa del IPROSS.
Desde el sector gremial cuestionaron que los trabajadores no hubieran tenido, según plantearon, suficiente participación antes de que la iniciativa llegara a la Legislatura.
El planteo sindical apunta a que el debate no debería concentrarse solamente en facilitar la salida de los afiliados, sino en analizar cómo fortalecer el IPROSS, mejorar las prestaciones y garantizar respuestas para trabajadores, jubilados y sus familias.
También aparecieron cuestionamientos por demoras en las prestaciones, costos para los afiliados y dificultades en la relación entre la obra social y los prestadores.
El impacto económico, uno de los principales interrogantes
La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, presentó durante la reunión diferentes escenarios elaborados por el organismo frente a una eventual migración de afiliados.
Según explicó, se analizaron tres posibilidades: una salida del 1%, 10% o 15% de los afiliados titulares.
El cálculo toma como referencia 102.381 titulares. Para un escenario de migración del 1%, la estimación presentada ubica la pérdida mensual en alrededor de $230 millones, compuesta por aproximadamente $110 millones en aportes y $120 millones en contribuciones.
El proyecto contempla, sin embargo, que la contribución patronal del 7% continúe dentro del IPROSS, incluso cuando el trabajador opte por otra cobertura, con una afectación específica para prestaciones y programas especiales.
Este punto fue central en la discusión, porque el eventual impacto financiero dependerá no solamente de cuántos afiliados decidan abandonar el Instituto, sino también de la estructura de recursos que permanezca dentro de la obra social.
Acevedo propuso un fondo de estabilización
El legislador Javier Acevedo, de ARI-Cambiemos, manifestó una posición favorable al derecho de elección, aunque planteó la necesidad de establecer mecanismos para proteger la sustentabilidad financiera del IPROSS.
Su preocupación se centró en la posibilidad de que trabajadores jóvenes, con mejores ingresos o menores necesidades sanitarias opten por otras coberturas, mientras que dentro del Instituto permanezcan proporcionalmente más afiliados con tratamientos complejos o mayores costos.
Frente a ese escenario, propuso estudiar la creación de un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas para compensar eventuales pérdidas de ingresos.
También planteó analizar una eventual garantía del Tesoro provincial en caso de que esos recursos resultaran insuficientes.
Spósito cuestionó el carácter solidario de la reforma
La legisladora Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, preguntó por la deuda del IPROSS con los hospitales públicos y reclamó precisiones sobre las garantías que tendría una persona enferma que decida abandonar el Instituto y posteriormente busque otra cobertura.
También solicitó información sobre el destino del porcentaje destinado a prestaciones especiales.
Durante su intervención cuestionó el planteo de la reforma y afirmó: “Yo no veo nada de solidario”.
Su preocupación fue que la salida de afiliados pudiera incrementar la presión sobre el sistema público de salud.
Odarda preguntó: “¿Por qué el apuro?”
La legisladora Magdalena Odarda, también de Vamos con Todos, centró parte de su intervención en el procedimiento elegido para tratar la iniciativa.
“¿Por qué el apuro?”, planteó durante la reunión.
Odarda reclamó mayor participación de trabajadores, jubilados y sindicatos y cuestionó la falta de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del IPROSS.
También planteó reparos frente a un tratamiento acelerado de la iniciativa y defendió el carácter solidario de la obra social.
Para la legisladora, antes de facilitar la salida de afiliados deberían discutirse cuestiones vinculadas con la transparencia, los ingresos, los aportes, la distribución de los recursos y las causas del deterioro de las prestaciones.
Picotti detectó una cuestión sobre los plazos
La legisladora Gabriela Picotti, de Cambia Río Negro, coincidió en la necesidad de analizar con mayor detenimiento algunos aspectos de la iniciativa.
Uno de los puntos planteados estuvo relacionado con los plazos para regresar al IPROSS después de optar por otra cobertura.
Durante el debate se aclaró que los 36 meses previstos para el regreso se computarían desde el momento en que se ejerce la opción. Las autoridades reconocieron que la redacción deberá revisarse para evitar interpretaciones que pudieran llevar a entender que los plazos son acumulativos.
El propio debate dejó así expuesta la necesidad de realizar ajustes en el texto antes de su eventual tratamiento definitivo.
Murillo Ongaro: “¿Por qué pensar solamente en los que se van?”
El legislador Juan Murillo Ongaro, del PRO-Unión Republicana, introdujo otra mirada sobre la reforma.
En lugar de concentrar la discusión exclusivamente en la posible pérdida de afiliados, planteó que el desafío debería ser convertir al IPROSS en una obra social que los trabajadores quieran elegir.
El legislador señaló que junto con Yolanda Mansilla impulsaron anteriormente una iniciativa para eliminar la obligatoriedad desde el momento de ingreso al Estado.
Aunque manifestó una valoración positiva sobre algunos aspectos del proyecto, también reclamó mayor tiempo para escuchar a trabajadores y afiliados.
El IPROSS busca captar nuevos afiliados
Frente a los cuestionamientos sobre una eventual pérdida de afiliados, la presidenta del Instituto explicó que la reforma también contempla una estrategia inversa: incorporar afiliados voluntarios que actualmente no tienen acceso al IPROSS.
Según se explicó durante el debate, existen asociaciones profesionales, entidades universitarias y otros colectivos interesados en acceder a la cobertura.
La idea oficial es que el Instituto pueda competir por nuevos afiliados y no limitarse a administrar una población cautiva.
La situación de los jubilados
Los jubilados y pensionados fueron otro de los puntos centrales de la discusión.
La legisladora Yolanda Mansilla planteó interrogantes sobre quienes están próximos a jubilarse y opten previamente por otra cobertura.
La discusión se relacionó además con las condiciones previsionales y el modo en que el nuevo régimen podría articularse con las obligaciones derivadas del sistema previsional provincial.
En esa misma línea, el legislador Pedro Dantas, del PJ-Nuevo Encuentro, advirtió sobre una posible tensión entre el nuevo régimen de afiliación y las condiciones establecidas en el convenio de transferencia de la Caja previsional.
El interrogante planteado es concreto: qué ocurriría con un trabajador que abandona el IPROSS durante los últimos años de actividad y llega a la jubilación antes de cumplir el plazo previsto para regresar al Instituto.
Pilquinao volvió a la pregunta central
Sobre el final de la discusión, Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos, volvió sobre uno de los interrogantes que atravesó la reunión.
“No queda claro el porqué”, planteó.
El legislador preguntó si existe efectivamente una demanda masiva de trabajadores para modificar el sistema y cuestionó la velocidad con la que el proyecto está avanzando hacia el recinto.
El oficialismo defendió la libre elección
La defensa política del proyecto estuvo a cargo, entre otros, del presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López.
El legislador sostuvo que la reforma responde a una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck y que busca terminar con la obligatoriedad de permanecer en el IPROSS.
La posición oficial sostiene que los trabajadores deben poder elegir otra cobertura si consideran que pueden obtener mejores prestaciones.
López planteó además que la posibilidad de perder afiliados debería funcionar como un incentivo para que el IPROSS mejore sus servicios y compita tanto por conservar a sus actuales afiliados como por incorporar nuevos.
El propio IPROSS había expresado públicamente antes del debate que la reforma permitiría al organismo competir con otras obras sociales.
También apuntan a cambiar la relación con los prestadores
Otro de los argumentos planteados por el oficialismo estuvo relacionado con los prestadores.
Según López, la posibilidad de elección podría generar también mayor competencia en la relación entre el Instituto y los profesionales y establecimientos de salud.
El razonamiento oficial es que, si los afiliados dejan de estar obligados a permanecer en una única cobertura, el IPROSS tendrá mayores incentivos para mejorar sus prestaciones y, a su vez, los prestadores deberán ofrecer un servicio competitivo para conservar a esos afiliados.
El proyecto sigue avanzando
Con la aprobación por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales, el proyecto 1137/2026 continúa su trámite parlamentario. De acuerdo con el expediente oficial, todavía debe pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.
El debate dejó planteados varios interrogantes que deberán ser respondidos durante el tratamiento legislativo: el impacto financiero de una eventual salida de afiliados, los mecanismos de regreso, la situación de los jubilados, los convenios con otras coberturas y la manera en que se garantizará la continuidad de determinadas prestaciones.
Pero, por encima de los aspectos técnicos, la discusión expuso dos modelos diferentes para pensar el futuro del IPROSS.
Por un lado, gremios y sectores de la oposición sostienen que la prioridad debería ser fortalecer la obra social, mejorar sus prestaciones y garantizar su carácter solidario antes de habilitar la salida de afiliados.
Por otro, el oficialismo sostiene que la libre elección y la competencia pueden convertirse precisamente en el mecanismo que obligue al IPROSS a mejorar, conservar a sus afiliados y atraer nuevos.
La reforma ya superó su primera comisión.
Ahora comienza una etapa todavía más decisiva: la discusión sobre qué IPROSS se quiere construir y quién asumirá los costos y responsabilidades si el nuevo modelo no alcanza los resultados esperados.