Una fuerte interna comenzó a resquebrajar al oficialismo de Río Negro, luego de que el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, lanzara duras acusaciones contra el gobernador Alberto Weretilneck, a quien señaló directamente por un presunto manejo político de la Justicia.
Las declaraciones no solo exponen una fractura interna en Juntos Somos Río Negro, sino que también reavivan cuestionamientos sobre el uso del poder en la provincia.
“Fuego amigo” que incomoda
Gennuso, histórico dirigente del espacio oficialista, acusó al gobernador de “manejar a los fiscales” con el objetivo de condicionar a una decena de exintendentes, muchos de ellos con proyección política. La denuncia se da en el marco de la causa Techo Digno, en la que el exjefe comunal está imputado por presuntos delitos de corrupción.
“Parece que alguien le molestó que uno quisiera ser candidato”, deslizó Gennuso, sugiriendo una intencionalidad política detrás de la aceleración de su proceso judicial, que lo llevará a juicio oral a fines de octubre.
Pero el señalamiento va más allá de su situación personal: el exintendente advirtió sobre un esquema de “coacción” generalizada hacia dirigentes con aspiraciones políticas, en lo que describió como una estrategia para disciplinar al sistema político rionegrino.
Silencios que dicen demasiado
El impacto de las declaraciones fue inmediato, pero también revelador: dentro del oficialismo nadie salió ni a respaldar ni a desmentir a Gennuso. Un silencio que, lejos de apaciguar el conflicto, profundiza la percepción de crisis interna.
“El silencio fue más ruidoso que cualquier palabra”, expresó el propio dirigente, evidenciando el vacío político que atraviesa el partido gobernante.
Este mutismo también deja en una posición incómoda a Weretilneck, quien optó por relativizar el conflicto y marcar distancia: “Gennuso decidirá su camino”, afirmó, en una respuesta que evita el fondo de las acusaciones.
Una justicia bajo sospecha
El eje más delicado del conflicto radica en las denuncias sobre la posible injerencia del poder político en el accionar judicial. Gennuso sostuvo que las causas vinculadas al programa Techo Digno “no se sostienen”, pero se mantienen activas como herramienta de presión.
Incluso cuestionó la continuidad de estos procesos en Río Negro, cuando el propio Estado nacional dio por cerrado el tema años atrás. “Es claramente una causa política, no judicial”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron al accionar del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de actuar con “virulencia sin pruebas” en algunos casos, mientras otros expedientes avanzan con lentitud.
Un oficialismo en tensión
La crisis se da en un momento político sensible, donde comienzan a perfilarse los liderazgos y alianzas de cara a los próximos procesos electorales. La salida de figuras como Arabela Carreras del espacio oficialista y el creciente malestar interno evidencian un desgaste en la conducción de Weretilneck.
A esto se suma la ambigüedad de dirigentes clave, como el legislador Facundo López, quien evitó pronunciarse sobre las acusaciones, delegando la responsabilidad en la Justicia.
Poder, causas y control político
El trasfondo del conflicto pone en discusión un tema estructural: la relación entre política y justicia en la provincia. Las denuncias de Gennuso instalan la sospecha de un uso selectivo de causas judiciales para ordenar el tablero político, una práctica que, de confirmarse, comprometería seriamente la calidad institucional.
Mientras tanto, Weretilneck opta por “pasar página”, sin dar explicaciones contundentes ante acusaciones de extrema gravedad.
Sin embargo, el problema parece lejos de cerrarse. Por el contrario, las tensiones internas, las denuncias cruzadas y el silencio oficial configuran un escenario de incertidumbre que debilita al oficialismo y deja abiertas preguntas incómodas: ¿quién controla realmente el poder en Río Negro? ¿Y hasta dónde llega su influencia?
La respuesta, por ahora, sigue envuelta en un silencio que cada vez hace más ruido.