Por Damián Betancour
Este jueves 15, las calles y las principales avenidas del país vuelven a ser escenario de movilizaciones bajo dos consignas: la defensa de la universidad pública y la Ley de Tierras. Esta última merece un capítulo aparte, especialmente por el papel que desempeñan los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un escenario donde las decisiones judiciales adquieren una relevancia central para el futuro del país.
En la quinta Marcha Federal Universitaria, los futuros profesionales de la nación se comprometen con la sociedad al defender uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, una de las instituciones que nos enorgullecen ante el mundo. Esta vez, la movilización también se vincula con otra gran causa: impedir que se ponga en disputa la tierra que le pertenece al pueblo argentino.
«Si la Patria son ellos, entonces yo soy extranjero», canta Charly García en Botas Locas. La frase invita a reflexionar sobre el sentido de pertenencia y sobre quiénes se benefician de las decisiones políticas. Porque, mientras algunos sectores encuentran oportunidades en la privatización y en el avance de la motosierra —prometida hace tres años—, otras herramientas fundamentales para el desarrollo colectivo se debilitan. No solo se recortan recursos: también se limita la posibilidad de construir una sociedad con mayor igualdad, en unión y libertad.
En este contexto, mientras la movilización estudiantil se hace visible en las grandes ciudades del país, las localidades más pequeñas también encuentran sus propias formas de participación. En Luis Beltrán, el Instituto de Formación Docente Continua llevará adelante una olla popular para el almuerzo y una clase pública abierta a la comunidad, titulada «Cómo vivimos las crisis actuales y qué alternativas podemos construir».
La jornada, organizada por el Centro de Estudiantes y la Asamblea Interclaustro, contará además con una radio abierta y una muestra de arte. La convocatoria es abierta a la comunidad y tiene un único requisito para quienes quieran compartir el almuerzo: llevar sus propios cubiertos.
Para conocer los motivos de la iniciativa, el significado de la olla popular y la situación que atraviesa el estudiantado, conversamos con Gisel Gómez, presidenta del Centro de Estudiantes del IFDC de Luis Beltrán.
El origen de la organización colectiva
La iniciativa surge de la organización colectiva entre estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior de Luis Beltrán. Impulsada por las asambleas interclaustro, responde a la necesidad de generar espacios de discusión sobre lo que sucede en la educación pública y en la sociedad en general, bajo la premisa de que ambas realidades están estrechamente vinculadas.
Esta preocupación se profundizó ante la situación del Instituto de Regina, donde cuatro docentes que integraban el Consejo Directivo fueron sumariadas y apartadas de sus cargos en el marco de un conflicto relacionado con una resolución que generó cuestionamientos dentro del nivel superior.
Desde esta perspectiva, las medidas son entendidas como formas de persecución y disciplinamiento frente al cuestionamiento de las políticas educativas. A su vez, se inscriben en un modelo que, según esta mirada, precariza las condiciones de vida y profundiza las desigualdades sociales.
En ese escenario, se instala una lógica individualista que promueve la idea de que cada persona debe arreglárselas por su cuenta. Frente a ello, el encuentro y la organización colectiva adquieren un sentido fundamental y plantean un interrogante necesario: ¿qué lugar queda para el disenso cuando se multiplican las luchas en defensa del derecho a pensar distinto?
La olla popular como herramienta de lucha y organización
La olla popular es mucho más que un plato de comida en tiempos difíciles: representa una herramienta de lucha y una forma de organización frente a una realidad que tiende a aislarnos, fragmentarnos y alejarnos de los problemas comunes.
Detrás de los números que presentan las autoridades —cuestionados por su capacidad para reflejar la realidad cotidiana— hay personas concretas: familias que no llegan a fin de mes, trabajadores cuyos salarios resultan insuficientes, jóvenes que no consiguen empleo y estudiantes que hacen malabares para sostener sus cursadas y afrontar los gastos de los servicios básicos.
Frente a una lógica individualista que transforma los problemas sociales en fracasos personales y busca convencernos de que las dificultades ajenas no nos conciernen, sostener la vida colectiva se vuelve indispensable.
Esto no significa desconocer las responsabilidades del Estado. Las organizaciones comunitarias y las ollas populares no pueden ni deben reemplazar la obligación estatal de garantizar condiciones de vida dignas para que nadie pase hambre. Sin embargo, constituyen espacios fundamentales para enfrentar la fragmentación social, construir redes de solidaridad y defender los derechos conquistados.
Las dificultades para sostener la participación estudiantil
Actualmente, existe una dificultad real para sostener la participación estudiantil y las convocatorias propias. Sin embargo, esta situación no puede explicarse únicamente a partir de una supuesta apatía o falta de interés de los jóvenes por la política. Es necesario observar las condiciones materiales en las que transcurre su vida cotidiana.
Hay estudiantes que trabajan, algunos con más de un empleo; otros están desocupados y no consiguen insertarse laboralmente. También hay quienes tienen hijos o deben viajar desde otras localidades, afrontando costos de transporte cada vez más difíciles de sostener.
A estas dificultades se suman las extensas y agotadoras jornadas de estudio. El cansancio, la desconfianza y la lógica individualista aparecen así como obstáculos concretos para construir espacios de participación y mantenerlos en el tiempo.
El desafío consiste en transformar esta realidad y encontrar nuevas maneras de sostener la vida colectiva. La militancia y la organización no deberían entenderse como obstáculos para el desarrollo individual, sino como herramientas mediante las cuales, históricamente, se conquistaron derechos y se impulsaron transformaciones sociales.
Los objetivos y las perspectivas de la jornada
La jornada se presenta como una oportunidad para demostrar que no estamos dispuestos a naturalizar lo que sucede. También busca cuestionar la idea de que el instituto debe ser únicamente un lugar para cursar y rendir exámenes, sin espacios para la crítica, el debate y la construcción colectiva.
El objetivo es encontrarse con otros, construir respuestas comunes frente a las problemáticas que nos atraviesan y visibilizar una contradicción: no es posible defender plenamente los derechos humanos, la democracia y la educación pública mientras se avalan prácticas de persecución y aislamiento contra quienes cuestionan determinadas decisiones institucionales.
Frente a un contexto nacional marcado por políticas de ajuste y desinversión, la jornada busca convertirse en una expresión de unidad y solidaridad. Reivindicar la política como una herramienta de transformación de la realidad —y no como algo de lo que debamos avergonzarnos— resulta indispensable para defender la educación pública y sostener las redes comunitarias que permiten enfrentar las injusticias cotidianas.
Porque una olla popular también puede ser un aula; una plaza, un espacio de debate; y una comunidad organizada, una forma de construir respuestas frente a la crisis. En definitiva, cuando la educación pública se encuentra bajo discusión y las condiciones de vida se deterioran, encontrarse, compartir y organizarse también es una manera de enseñar y aprender.