La legisladora provincial Gabriela Picotti, representante del Alto Valle Este por el bloque Cambia Río Negro, se refirió al proyecto de ley que propone modernizar el régimen de Ética Pública de la provincia. La iniciativa impulsada por su bloque, busca actualizar la Ley L N.º 3550, vigente desde el año 2000, mediante modificaciones en las declaraciones juradas patrimoniales, la incorporación de un sistema digital integral y nuevas restricciones para prevenir el nepotismo en la función pública.
En diálogo con este medio, Picotti explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es recuperar la confianza de la ciudadanía en quienes ocupan cargos públicos, a través de mayores controles y mecanismos de transparencia en la administración del Estado.
“El principal propósito es que realmente los funcionarios públicos estemos a disposición del pueblo y que la función de cada uno de nosotros se desarrolle de una forma transparente”, señaló. En ese sentido, sostuvo que las modificaciones buscan que la población vuelva a creer en quienes ejercen la política por convicción.
El nepotismo, uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la incorporación de restricciones expresas para evitar la designación de familiares de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial. La propuesta contempla a familiares hasta el segundo grado de parentesco, cónyuges y personas vinculadas por uniones convivenciales, con excepciones para los casos previstos en el proyecto, como los concursos públicos de antecedentes y oposición o la estabilidad laboral previa.
Al ser consultada sobre los antecedentes que motivaron la incorporación de este punto, Picotti hizo referencia a los vínculos familiares dentro de la estructura del Gobierno provincial.
“Ya partimos de la cabeza de Gobierno, es decir, el gobernador, con su hija y con su mujer. Ahí ya lo que ves es que en la principal figura administrativa de nuestra provincia tenemos relaciones consanguíneas y de cónyuge”, manifestó.
La legisladora sostuvo que el objetivo es que el ingreso y la permanencia en la función pública respondan a las capacidades de cada persona y no a sus vínculos familiares o políticos. “Si es familiar, que lo haga por concurso y oposición y que el lugar que ocupa realmente sea porque se lo ganó”, expresó.
Además, remarcó que la transparencia no debe limitarse a los mecanismos de ingreso al Estado, sino que también debe contemplar la idoneidad para desempeñar cada función y la correspondencia entre los ingresos de los funcionarios y sus declaraciones juradas patrimoniales.
Declaraciones juradas y modernización digital
Otro de los puntos destacados del proyecto es la actualización de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. La propuesta incorpora activos financieros, criptoactivos, billeteras virtuales y participaciones societarias nacionales e internacionales, con el objetivo de adaptar los mecanismos de control a las nuevas formas de inversión y administración del patrimonio.
En relación con este aspecto, Picotti señaló que actualmente las declaraciones juradas se realizan mediante procedimientos analógicos y que resulta necesario avanzar hacia herramientas digitales que permitan mejorar el acceso a la información.
“Nosotros seguimos haciendo una declaración jurada analógica”, explicó, al referirse a la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos.
El artículo 11 del proyecto propone implementar un sistema digital integral administrado por el Tribunal de Cuentas, con herramientas de trazabilidad, firma digital, ciberseguridad e interoperabilidad entre organismos estatales.
Según detalló la legisladora, la intención es que las declaraciones puedan actualizarse de manera más eficiente y que la información esté disponible para la ciudadanía y las instituciones, sin dejar de resguardar los datos personales sensibles.
La iniciativa también establece la publicación digital obligatoria de las declaraciones juradas en formatos abiertos y reutilizables dentro de los 30 días posteriores a su presentación. A su vez, propone extender a diez años el período de conservación de los registros, contados desde el cese del funcionario.
De esta manera, el proyecto busca ampliar las posibilidades de control sobre la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos y facilitar el acceso a información vinculada con la administración estatal.
La postura de los bloques y el desgaste del Gobierno provincial
Durante la entrevista, Picotti también se refirió al posible acompañamiento legislativo que podría recibir la propuesta. Al respecto, consideró que los bloques opositores podrían acompañar la iniciativa y manifestó que el proyecto podría generar mayores resistencias dentro del oficialismo provincial.
En ese marco, la legisladora cuestionó el tiempo que el mismo espacio político lleva al frente del Gobierno de Río Negro y vinculó esa continuidad con el desgaste de la gestión.
“Ya llevás 15 años de un mismo Gobierno provincial. Eso conlleva también un desgaste”, sostuvo.
Picotti señaló que las áreas de educación, salud y seguridad atraviesan situaciones que generan disconformidad entre distintos sectores de la sociedad. A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de abrir paso a nuevas formas de administrar la provincia.
Al ser consultada sobre si consideraba que existían prácticas propias de gobiernos que permanecen durante largos períodos en el poder, respondió que entiende que es necesario ofrecer una alternativa política y administrativa.
“Creo que tenemos que intentar darle la oportunidad a personas que tengan una visión administrativa de la provincia diferente”, afirmó.
En ese sentido, relacionó la discusión sobre la ética pública con la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana en la política y en el manejo de los recursos estatales. Para la legisladora, la transparencia constituye una herramienta para que los rionegrinos puedan conocer cómo actúan quienes fueron elegidos para administrar los recursos públicos.
Cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la denuncia presentada por el bloque Cambia Río Negro contra cuatro jueces del Tribunal de Impugnación de la provincia.
Picotti manifestó sus cuestionamientos sobre el tratamiento de determinadas causas judiciales y planteó dudas respecto de la existencia de criterios diferentes según la relación de los involucrados con el Gobierno provincial.
“Cuando políticos que están en la vereda de enfrente del Gobierno actual tienen problemas a nivel judicial, esos problemas se prolongan y cambian. Y cuando la parte judicial tiene a alguien que está muy cerca del Gobierno actual, esos juicios pasan como agua bajo el puente”, expresó.
La legisladora sostuvo que esas situaciones generan interrogantes sobre el funcionamiento de la Justicia y señaló que, desde su perspectiva, las figuras políticas que cuestionan al oficialismo enfrentan dificultades en el ámbito judicial.
Ante la posibilidad de que esos procedimientos funcionen como una advertencia política, Picotti coincidió con esa interpretación y remarcó la importancia de garantizar la independencia de los poderes del Estado.
“Como todo ciudadano, necesitamos de la independencia de los poderes. Por eso estamos haciendo lo que hacemos”, manifestó al explicar la posición de su bloque.
Durante el intercambio también se planteó una comparación con el Gobierno de Formosa, encabezado por Gildo Insfrán desde 1995. Picotti consideró que la concentración prolongada del poder representa un problema para el funcionamiento democrático y la independencia institucional.
“En la provincia de Gildo se hace lo que Gildo es. Entonces, estamos en un problema”, afirmó. Finalmente, vinculó esa situación con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.
Un proyecto que busca reforzar los controles sobre la función pública
La propuesta de modificación de la Ley de Ética Pública plantea cambios en los mecanismos de declaración y control patrimonial, la incorporación de herramientas tecnológicas y mayores restricciones para prevenir el nepotismo en el Estado.
Desde Cambia Río Negro sostienen que la actualización normativa resulta necesaria para adecuar los controles a las nuevas formas de administración del patrimonio y garantizar mayores condiciones de transparencia en el ejercicio de la función pública.
El proyecto deberá avanzar en su tratamiento legislativo para definir su futuro. Mientras tanto, Picotti defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer las instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía, en un contexto en el que también cuestionó la continuidad del oficialismo provincial y reclamó mayores garantías de independencia judicial.