A pocos días del reinicio de las clases tras el receso invernal, el conflicto entre el Gobierno de Río Negro y la UnTER vuelve a escalar. Esta vez, el centro de la discusión no fue únicamente la recomposición salarial, sino el fuerte endeudamiento que atraviesan miles de trabajadores estatales debido a los descuentos automáticos que realizan entidades financieras sobre sus haberes.

Durante una actividad en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck reconoció que su gestión volverá a implementar un mecanismo para limitar esos descuentos, admitiendo que actualmente no existe un tope que proteja el salario de los empleados públicos.

La declaración dejó al descubierto una contradicción política: el propio mandatario anunció que restablecerá una herramienta que había funcionado durante su anterior gobierno y que luego fue eliminada durante la gestión de Arabela Carreras, integrante del mismo espacio político que hoy conduce la provincia.

La pregunta inevitable es por qué el Gobierno esperó a que el problema alcanzara niveles críticos para actuar. Mientras miles de docentes y trabajadores estatales quedaron atrapados en un circuito de créditos, refinanciaciones y descuentos automáticos que consumen buena parte de sus ingresos, el Ejecutivo recién ahora reconoce la necesidad de intervenir.

El mandatario justificó la situación señalando que el objetivo será evitar que “se afecte tan gravemente el salario”. Sin embargo, para muchos docentes el daño ya está hecho. La pérdida del poder adquisitivo de los últimos años empujó a numerosos trabajadores a recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos, transformando el endeudamiento en una consecuencia directa del deterioro salarial.

En ese contexto, Weretilneck volvió a sostener que los docentes rionegrinos perciben “el tercer mejor salario del país”, un argumento que el gremio rechaza al considerar que no refleja el verdadero impacto de la inflación ni el costo de vida en la provincia.

El conflicto promete profundizarse con el paro convocado por UnTER para el reinicio de clases. Lejos de abrir una instancia de distensión, el Gobernador ratificó que descontará los días de huelga y dejó abierta la posibilidad de volver a aplicar sanciones económicas adicionales si la protesta se mantiene.

La estrategia oficial parece sostenerse en una lectura política: que los descuentos salariales han debilitado la capacidad de movilización del gremio. De hecho, Weretilneck aseguró que los últimos paros tuvieron un acatamiento “prácticamente insignificante”, una afirmación que fue interpretada por el sindicato como una provocación en medio de un conflicto que continúa sin resolverse.

Mientras el Gobierno celebra estadísticas y promete corregir herramientas que eliminó su propio espacio político, miles de docentes siguen enfrentando una realidad marcada por salarios deteriorados, deudas crecientes y un escenario de creciente tensión con el Ejecutivo provincial.