El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca establecer un régimen especial para inversiones de gran escala en sectores como inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores, energías renovables y nuevas cadenas industriales. El Senado comenzará este miércoles el análisis de la iniciativa.
12 de agosto de 2026. El Senado de la Nación comenzará este miércoles el debate del proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una de las principales apuestas del Gobierno de Javier Milei para atraer capitales destinados a actividades tecnológicas e industriales de nueva generación.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, será analizada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. El expediente oficial corresponde al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo bajo el mensaje 181/26.
La primera jornada contará con la participación de funcionarios del equipo económico, quienes expondrán ante los senadores los principales aspectos del régimen y los objetivos que persigue el Gobierno.
El oficialismo pretende avanzar con el tratamiento durante las próximas semanas y buscar acuerdos con bloques aliados para intentar convertir la iniciativa en ley durante agosto.
¿Qué es el Súper RIGI?
El proyecto apunta a nuevas industrias o actividades que actualmente no se desarrollan en Argentina o que se encuentran en etapas experimentales o piloto.
Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, biotecnología avanzada, fabricación de semiconductores, infraestructura tecnológica y digital, energías renovables, vehículos eléctricos y cadenas productivas vinculadas con baterías de litio y paneles solares.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo régimen busca concentrarse en proyectos considerados estratégicos por su potencial para generar nuevas cadenas de valor y transformar la estructura productiva del país.
Inversiones desde US$1.000 millones
Uno de los principales requisitos será alcanzar una inversión mínima de US$1.000 millones, elevando considerablemente la barrera de acceso respecto del régimen de grandes inversiones actualmente vigente.
Además, los proyectos deberán ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros dos años, con el objetivo de garantizar que los anuncios se traduzcan en desembolsos y obras concretas.
Beneficios fiscales y aduaneros
El esquema contempla importantes incentivos para los proyectos que sean aprobados.
Entre ellos figura una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los vehículos de proyecto único, además de mecanismos de amortización acelerada y beneficios vinculados con los quebrantos impositivos.
También se propone reducir la tributación sobre dividendos y establecer exenciones de derechos de importación y exportación para los bienes, insumos y tecnologías vinculados con los proyectos.
Otro de los incentivos está relacionado con las nuevas contrataciones laborales, para las cuales se plantea una contribución patronal del 10%.
Estabilidad por 30 años
Uno de los puntos centrales del proyecto es la búsqueda de previsibilidad de largo plazo para los inversores.
El régimen contempla una estabilidad normativa de hasta 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, además de mecanismos de resolución internacional de controversias.
La iniciativa también flexibiliza las exigencias de compras a proveedores nacionales cuando las condiciones ofrecidas localmente no sean equivalentes a las del mercado internacional.
El impacto en provincias y municipios
El proyecto incorpora además disposiciones que pueden tener impacto directo sobre las jurisdicciones subnacionales.
Entre ellas se plantea un límite del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y restricciones a la aplicación de determinadas tasas municipales sobre las ventas de los proyectos alcanzados.
Este aspecto podría generar uno de los principales debates políticos durante el tratamiento en el Senado, especialmente por el impacto que los beneficios nacionales podrían tener sobre las potestades tributarias provinciales y municipales.
Una discusión que recién comienza
El Súper RIGI llega al Senado después de haber obtenido dictamen de mayoría y media sanción en Diputados, donde también se presentaron dictámenes de minoría que plantearon el rechazo de la iniciativa.
Ahora se abre una nueva etapa de discusión en la Cámara alta, donde el oficialismo deberá construir consensos para avanzar con un proyecto que promete atraer inversiones multimillonarias y posicionar a la Argentina en industrias tecnológicas y productivas emergentes, pero que también genera interrogantes sobre el impacto fiscal, laboral, ambiental y sobre las autonomías provinciales y municipales.
El debate del Súper RIGI será, así, una nueva prueba política para el Gobierno nacional y una discusión de fondo sobre qué modelo de desarrollo industrial y tecnológico busca construir la Argentina en las próximas décadas.