En medio de un contexto de reclamos salariales y creciente malestar en distintos sectores del Estado, la definición de aumentos en el Poder Legislativo de Río Negro volvió a encender la polémica. Mientras docentes, policías y la mayoría de los trabajadores estatales percibirán incrementos que rondan el 10% al 11% en el primer cuatrimestre, en la Legislatura los aumentos ya alcanzan cifras significativamente superiores.
La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 104, firmada por el vicegobernador Pedro Pesatti, y establece una serie de incrementos acumulativos: 4,5% en marzo, 3,8% en abril, 3,8% en mayo y 3,8% en junio. Sumados a los aumentos de enero y febrero (2,9% cada uno), el incremento total para el primer semestre se acerca al 22%, con una proyección anual que podría alcanzar el 44%.
Legisladores con sueldos millonarios
Uno de los puntos más cuestionados es el impacto de estos aumentos en los haberes de funcionarios y legisladores. Debido al sistema de “enganche” con la paritaria del gremio APEL, los incrementos se trasladan automáticamente a los cargos políticos.
Esto implica que los legisladores provinciales podrían superar los $10 millones mensuales, con subas cercanas al millón de pesos en algunos casos, dependiendo de la antigüedad y formación.
Un esquema que amplía la brecha
A diferencia de otros sectores del Estado, en la Legislatura los aumentos se aplican de forma acumulativa, es decir, cada incremento se calcula sobre el salario ya actualizado del mes anterior. Este mecanismo potencia el impacto final en los haberes.
En contraste, otros poderes del Estado presentan incrementos considerablemente menores. En el ámbito judicial, por ejemplo, los acuerdos con el gremio SITRAJUR alcanzan un 9,62% en el mismo período, mientras que el Ejecutivo provincial proyecta cifras cercanas al 10% para el primer cuatrimestre.
Malestar en sectores clave
La situación genera fuerte malestar, especialmente en sectores sensibles como la educación y la seguridad. Docentes y policías, que vienen reclamando mejoras salariales ante la pérdida del poder adquisitivo, observan con preocupación cómo los aumentos en la política superan ampliamente los acuerdos alcanzados en sus paritarias.
El contraste se vuelve aún más evidente en un contexto donde la inflación proyectada anual rondaría el 36%, dejando a muchos trabajadores estatales por debajo de ese índice.
Críticas por prioridades políticas
El esquema salarial en la Legislatura vuelve a poner en debate las prioridades del gobierno provincial. Mientras áreas clave como educación y seguridad enfrentan conflictos, paros y reclamos constantes, los incrementos en la política parecen avanzar sin mayores obstáculos.
La decisión, que lleva la firma de Pedro Pesatti, expone una vez más la tensión entre la dirigencia y los trabajadores estatales, en una provincia donde las demandas sociales no dejan de crecer.
En este escenario, la pregunta que comienza a resonar con fuerza es si existe una verdadera equidad en la distribución de los recursos públicos, o si, una vez más, los sectores esenciales quedan relegados frente a los privilegios de la política.