La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por mayoría, una ley que habilita a la Policía provincial a incorporar el uso de armas menos letales, entre ellas las pistolas electrónicas de incapacitación conocidas como Taser.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla y tiene como objetivo brindar nuevas herramientas a las fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones de riesgo, procurando reducir la posibilidad de lesiones graves o muertes durante los procedimientos.
La normativa autoriza la utilización de distintos dispositivos considerados menos letales, diseñados para incapacitar, disuadir o controlar a una persona mediante un uso proporcional de la fuerza. Entre los elementos permitidos se encuentran las pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes conocidos popularmente como gas pimienta, proyectiles de impacto controlado como balas de goma o polímeros especiales, granadas aturdidoras acústicas y luminosas, y lanzadores de agentes irritantes destinados al control de multitudes.
Uno de los puntos centrales de la ley establece que los efectivos policiales deberán recibir capacitación técnica y operativa obligatoria antes de estar autorizados para utilizar este tipo de armamento. Además, se prevé la elaboración de protocolos específicos para garantizar su empleo dentro de los estándares legales y de respeto a los derechos humanos.
Desde los sectores que acompañaron la iniciativa sostienen que estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante situaciones complejas, especialmente en casos donde el uso de armas de fuego podría resultar desproporcionado.
Sin embargo, el debate sobre la incorporación de pistolas Taser ha generado posiciones encontradas en distintos ámbitos del país. Mientras algunos sectores destacan su utilidad para reducir riesgos en intervenciones policiales, organismos de derechos humanos y especialistas han advertido sobre la necesidad de establecer controles estrictos y mecanismos de supervisión para evitar posibles abusos.
Con la sanción de esta ley, Río Negro se suma a otras jurisdicciones argentinas que ya incorporaron dispositivos electrónicos de inmovilización dentro del equipamiento de sus fuerzas de seguridad.