El cirujano está acusado de exigir dinero a familiares de una paciente para realizar una intervención en el hospital público. Según la investigación, la madre de la mujer habría entregado cerca de $350.000. La causa avanzó hacia el juicio oral.
Un médico cirujano que se desempeña en el hospital público Ernesto Accame de Allen deberá enfrentar un juicio oral en el marco de una causa que investiga el presunto cobro irregular de dinero a una paciente para realizar una intervención quirúrgica. La investigación avanzó luego de que la Fiscalía reuniera elementos para sostener la acusación ante un tribunal.
LA DENUNCIA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por familiares de la paciente. Según la acusación, el profesional habría solicitado una suma de dinero para concretar la operación, bajo el argumento de que debía cubrir supuestos insumos médicos.
De acuerdo con la información difundida sobre la causa, la madre de la paciente habría entregado posteriormente un monto cercano a los $350.000. Estos hechos deberán ser examinados durante el debate oral, donde se evaluarán las pruebas y los testimonios incorporados al expediente.
INVESTIGACIÓN PENAL Y SUMARIO ADMINISTRATIVO
El caso también motivó la apertura de un sumario administrativo por parte de las autoridades sanitarias provinciales, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades dentro del ámbito laboral y sanitario.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación penal al considerar que los hechos denunciados podrían constituir un delito. La instancia judicial permitirá discutir la acusación y la prueba reunida, sin que ello implique que la responsabilidad del profesional esté establecida de antemano.
EL CASO LLEGARÁ A DEBATE ORAL
Con la elevación de la causa a juicio, resta avanzar en la organización del debate y en la definición del tribunal que tendrá a su cargo la evaluación de las pruebas, según el procedimiento aplicable.
El proceso buscará establecer qué ocurrió, si existió una exigencia indebida de dinero y qué responsabilidad le corresponde al médico. El caso vuelve a poner en el centro de la discusión los límites entre las prestaciones del sistema público de salud y cualquier eventual cobro particular a pacientes por intervenciones realizadas en un hospital estatal.