La disputa política dentro de la Legislatura de Río Negro sumó un nuevo capítulo judicial. Los legisladores de Cambia Río Negro acudieron al Superior Tribunal de Justicia para reclamar que se garantice el pleno funcionamiento de su bloque y cuestionaron lo que consideran una restricción de sus derechos parlamentarios.
Los legisladores Patricia McKidd, Juan Ibarrolaza, César Piccoti, Carlos Doctorovich y Santiago Sanguinetti presentaron una acción de mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia, reclamando el cumplimiento de la Resolución 460/2025, mediante la cual la Presidencia de la Legislatura había reconocido formalmente la conformación del bloque.
Desde Cambia Río Negro sostienen que, pese a ese reconocimiento, posteriormente se estableció un criterio que en los hechos limita su funcionamiento parlamentario.
La controversia vuelve a poner bajo la lupa el manejo político de la Legislatura y, particularmente, el poder que tiene el oficialismo de Juntos Somos Río Negro para ordenar el funcionamiento interno del Parlamento.
Una resolución reconoció al bloque y luego llegó la suspensión
Según plantea Cambia Río Negro, la Resolución N.º 460/2025 fue dictada el 30 de diciembre de 2025 por la Presidencia de la Legislatura y reconoció formalmente al bloque.
Los legisladores sostienen que esa decisión encuentra antecedentes en otras conformaciones parlamentarias que fueron reconocidas en situaciones similares, entre ellas los bloques Foro Rionegrino, Eva Perón, Carlos Auyero, Edgardo Castello y Unidad Ciudadana.
“La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria”, afirmó McKidd.
Sin embargo, el conflicto surgió posteriormente cuando la Comisión de Labor Parlamentaria estableció un denominado “criterio suspensivo” sobre el funcionamiento del bloque mediante un acta del 10 de junio de 2026, medida que posteriormente fue ratificada por Presidencia el 25 de agosto.
Para Cambia Río Negro, allí se encuentra uno de los principales puntos de conflicto.
“La Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para suspender, dejar sin efecto o desconocer una resolución dictada por la Presidencia de la Legislatura”, sostuvo McKidd.
El cuestionamiento apunta al poder del oficialismo
El reclamo judicial no se limita a una cuestión administrativa.
El bloque opositor plantea que las restricciones afectan herramientas concretas de representación política: participación en Labor Parlamentaria, integración de comisiones, asignación conjunta de bancas y participación en los cierres de debate.
Desde Cambia Río Negro consideran que limitar esas herramientas termina reduciendo la capacidad de los legisladores para intervenir en las decisiones parlamentarias.
“No reclamamos privilegios. Reclamamos que se respete la voluntad expresada en las urnas por miles de rionegrinos y que nuestros legisladores puedan ejercer plenamente el mandato para el que fueron elegidos”, sostuvo la presidenta del bloque.
El planteo instala así una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede avanzar la conducción política de la Legislatura en la regulación del funcionamiento de los bloques y dónde comienza una eventual afectación de los derechos de los legisladores?
La respuesta deberá surgir ahora del ámbito judicial.
Una pelea que trasciende a Cambia Río Negro
El conflicto también expone una tensión más amplia sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial.
En un Parlamento donde el oficialismo posee una posición central para definir la agenda legislativa, las reglas que determinan quién participa de Labor Parlamentaria, cómo se integran las comisiones y qué herramientas tienen los bloques adquieren una importancia política significativa.
Cambia Río Negro sostiene que una resolución presidencial vigente no puede quedar condicionada posteriormente por una decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Para reforzar su argumento, McKidd recordó que en 2014 el propio legislador Facundo López, actual presidente del bloque oficialista, había recibido el reconocimiento de un bloque constituido bajo un mecanismo que, según Cambia Río Negro, presenta similitudes con la situación actual.
La comparación busca instalar un interrogante político sobre la consistencia de los criterios utilizados actualmente dentro de la Legislatura.
La Justicia deberá intervenir
Desde el espacio opositor señalaron que realizaron previamente distintos reclamos administrativos sin obtener una solución y que, por ese motivo, decidieron acudir al Superior Tribunal de Justicia mediante la vía prevista por la Constitución Provincial.
La acción invoca, según el bloque, distintos artículos de la Constitución de Río Negro y del Reglamento Interno de la Legislatura.
El objetivo es que se garantice el reconocimiento efectivo del bloque y el ejercicio de las herramientas parlamentarias que Cambia Río Negro considera que le corresponden.
Más allá de la discusión jurídica, el episodio vuelve a colocar en escena una cuestión política sensible: el equilibrio entre las mayorías parlamentarias y los derechos de las minorías dentro de la Legislatura.
La Justicia tendrá ahora que determinar si las restricciones cuestionadas se ajustan al marco constitucional y reglamentario.
Mientras tanto, la disputa deja expuesta una Legislatura atravesada por fuertes tensiones políticas, donde la discusión ya no pasa solamente por qué proyectos se aprueban, sino también por quiénes tienen las herramientas para participar plenamente del debate y cómo se distribuye el poder dentro del Parlamento rionegrino.
