El concejal Cesar Yunes expresó públicamente su malestar por la falta de respuestas del Poder Ejecutivo municipal ante un pedido de informes presentado para conocer el estado de las causas judiciales en las que interviene la Municipalidad durante los últimos tres años.
El planteo fue realizado el pasado 6 de marzo por los concejales Nadia Yunes y Rodrigo Araneda, quienes junto a Cesar Yunes, solicitaron formalmente información dirigida al área de Asesoría Legal del municipio.
Según indicó, el pedido buscaba conocer la cantidad de procesos judiciales en los que la Municipalidad actúa como demandada o demandante, el tipo de causas —como accidentes laborales, disputas por tierras u otros conflictos— y el estado de avance de cada expediente.
Desde el bloque señalaron que ya transcurrieron los 20 días hábiles previstos por ordenanza para responder este tipo de solicitudes, además de otros 10 días adicionales de prórroga que, aseguraron, ni siquiera fueron solicitados formalmente por el Ejecutivo.
“Planteamos el tema en el Concejo de manera informal. No llegó respuesta. A fines de abril presentamos una nota intimando a que contesten desde el Poder Ejecutivo. Tampoco hubo respuesta”, manifestó Yunes.
Cesar Yunes remarcó además el impacto económico que tienen los procesos judiciales sobre las finanzas municipales, señalando que los costos de abogados, honorarios y eventuales condenas son afrontados con recursos públicos.
“Ese dinero no sale del bolsillo de ningún funcionario, sale del presupuesto municipal. Menos cordón cuneta, menos ayuda social, menos talleres culturales, menos gasoil para el regador”, expresó Cesar Yunes.
El concejal Yunes cuestionó los motivos de la falta de respuestas en el duro comunicado difundido por los concejales opositores, la falta de respuestas del Ejecutivo municipal abrió fuertes cuestionamientos hacia la gestión encabezada por Diego Ramello. En comunicación con EL MENTOR, Cesar Yunes señaló que, “tras más de dos meses y medio sin contestación oficial, el silencio del gobierno genera preocupación sobre el verdadero estado de las causas judiciales que involucran al Municipio”.
En ese marco, planteó distintas hipótesis sobre la demora. Por un lado, deslizó que la cantidad de juicios podría ser mayor a la esperada y que el Ejecutivo aún no logra ordenar la información. También puso en duda la situación judicial de la Municipalidad, sugiriendo que podrían existir fallos adversos o causas con impacto económico que el gobierno no querría exponer públicamente.
“La Municipalidad paga abogados, paga juicios y paga condenas con plata de todos los vecinos”, remarcó, advirtiendo que esos recursos terminan afectando áreas sensibles de la gestión como obras, asistencia social, cultura y servicios públicos.
Además, cuestionaron las prioridades políticas del oficialismo local, ironizando sobre el enfoque de la gestión municipal: “Parece que lo importante es el bingo aniversario”, expresó, en una frase que dejó entrever críticas hacia el manejo de la agenda pública por parte del Ejecutivo.
Desde la oposición sostienen que “la falta de transparencia en torno a los procesos judiciales no solo debilita el control institucional, sino que también impide que la comunidad conozca el verdadero impacto económico y administrativo que estas causas podrían tener sobre el futuro del municipio”.
Mientras tanto, aseguraron que continuarán insistiendo para obtener precisiones sobre las causas judiciales y el impacto económico que podrían tener para el municipio.