Por El Mentor Digital

La renuncia de Diego Piquín a la conducción ejecutiva de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) abre una discusión que va mucho más allá de la salida de un funcionario. Lo que queda bajo la lupa es el modelo que impulsó el gobernador Alberto Weretilneck para administrar una de las actividades económicas más importantes de la provincia.

La ATUR fue presentada como una herramienta moderna, ágil y capaz de darle al sector privado un papel protagónico en la promoción turística. En mayo de 2025, durante su lanzamiento oficial, Weretilneck defendió la idea de abandonar el esquema tradicional de tutela estatal para avanzar hacia un modelo con mayor participación empresarial.

La promesa era ambiciosa: menos burocracia, decisiones más rápidas, planificación estratégica y una promoción turística a la altura de los principales destinos del país.

Pero una estructura no se transforma por el solo hecho de cambiar su nombre, modificar su composición o transferir responsabilidades. Necesita reglas claras, autoridad efectiva, coordinación institucional y una conducción política que garantice que los objetivos puedan cumplirse.

Y es precisamente ahí donde la experiencia de la ATUR obliga a revisar el camino elegido.

Una agencia con autonomía en los papeles, pero con dificultades para funcionar

La salida de Piquín fue anunciada para el 30 de noviembre y se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre las dificultades administrativas y operativas del organismo. Aunque el funcionario mencionó motivos personales, distintos medios señalaron que también existía malestar por las trabas burocráticas y la falta de autonomía efectiva.

La contradicción es evidente: se creó una agencia para agilizar la política turística, pero su conducción habría encontrado obstáculos para desarrollar plenamente las funciones que justificaron su nacimiento.

Si la estructura debía funcionar con mayor flexibilidad que la administración tradicional, ¿por qué no logró consolidar esa dinámica? Si el sector privado iba a asumir un papel central, ¿qué capacidad real tuvo para definir prioridades y ejecutar decisiones? Y si el Gobierno conservaba responsabilidades estratégicas, ¿cómo se distribuyeron las competencias entre la ATUR y la Secretaría de Turismo?

No son preguntas menores. Son interrogantes sobre el diseño institucional y la responsabilidad política de quienes impulsaron el modelo.

Weretilneck no puede quedar al margen de esa discusión. Fue el principal promotor de la agencia y presentó públicamente el cambio como una transformación del turismo provincial. Por eso, la evaluación de sus resultados también le corresponde.

El problema no es solamente Piquín

Sería demasiado sencillo reducir la crisis a la renuncia de un director ejecutivo. Una organización pública no puede depender exclusivamente de una persona, por más experiencia que tenga.

Piquín llegó a la conducción después de una trayectoria vinculada al turismo de Bariloche y asumió en agosto de 2025. Su salida, anunciada poco más de un año después, deja expuestas las dificultades para sostener la conducción de una estructura que todavía debía consolidar su funcionamiento.

Pero la pregunta central no es quién ocupará su lugar. La pregunta es si el próximo director encontrará las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos o si heredará los mismos obstáculos.

Cambiar un nombre sin revisar el funcionamiento puede resolver una vacante, pero no necesariamente una crisis institucional. Si las competencias siguen superpuestas, los procedimientos continúan demorando las decisiones y la autonomía permanece limitada, el recambio corre el riesgo de convertirse en una solución transitoria.

La responsabilidad de revisar esas condiciones recae sobre el Gobierno provincial, el directorio de la agencia y las áreas estatales que intervienen en la política turística.

Bariloche, Las Grutas y el resto de Río Negro no pueden esperar

La discusión ocurre en vísperas de una nueva temporada de verano, un período decisivo para los destinos de la costa atlántica y de la cordillera.

Bariloche es una referencia turística nacional. Las Grutas tiene un peso central en la actividad estival. Pero la política turística provincial no puede agotarse en esos dos destinos: también debe contemplar la costa, los valles, la Región Sur y las localidades que buscan consolidar sus propios atractivos.

La promoción necesita continuidad, coordinación con los municipios, participación de los prestadores y una estrategia que permita distribuir oportunidades en todo el territorio. También requiere planificación de infraestructura, conectividad y servicios.

Una agencia que no logra articular esas dimensiones pierde capacidad para cumplir la misión con la que fue creada. Y cuando la conducción entra en crisis, la incertidumbre no queda encerrada en una oficina: puede trasladarse a los destinos, los prestadores y las comunidades que dependen de la actividad.

La discusión no debería limitarse a quién representa a Río Negro en una feria turística o a qué organismo le corresponde organizar una campaña. El verdadero desafío es construir una política provincial que tenga objetivos medibles, continuidad y resultados verificables.

El costo político de una promesa incumplida

La ATUR también expone un problema más amplio de gestión: la tendencia a presentar reformas institucionales como soluciones en sí mismas, antes de demostrar que cuentan con las condiciones para funcionar.

Crear una agencia, anunciar una nueva etapa o prometer más protagonismo privado puede ser parte de una estrategia legítima. Pero ninguna reforma se valida por su presentación pública. Se valida por su capacidad para resolver los problemas que justificaron su creación.

En este caso, la renuncia de Piquín y los cuestionamientos sobre la burocracia obligan a contrastar el discurso original con el funcionamiento real del organismo. Esa evaluación no exige dar por probadas todas las críticas ni atribuir responsabilidades individuales sin documentación. Exige, sí, explicaciones claras sobre las dificultades registradas, las decisiones tomadas y los resultados alcanzados.

El Gobierno debería informar qué objetivos cumplió la ATUR, qué obstáculos impidieron avanzar en otros, cómo se utilizaron los recursos disponibles y qué cambios propone para garantizar una gestión efectiva. La transparencia es especialmente importante cuando se trata de una actividad que genera empleo, moviliza inversiones y sostiene economías regionales.

Weretilneck ante su propia reforma

La salida de Piquín deja al gobernador frente a una decisión política: defender el esquema tal como fue concebido, introducir cambios parciales o revisar de manera más profunda la distribución de responsabilidades entre la agencia y el Estado provincial.

Cualquiera de esas alternativas requiere una explicación pública. Si el modelo es correcto, el Gobierno deberá demostrar cómo lo hará funcionar. Si necesita modificaciones, tendrá que explicar cuáles y por qué. Y si las dificultades responden a problemas de coordinación o conducción, será necesario corregirlos sin trasladar indefinidamente los costos a los destinos turísticos.

La participación privada puede aportar experiencia, conocimiento del mercado y capacidad de promoción. Pero no reemplaza la responsabilidad estatal de planificar, coordinar políticas públicas, garantizar controles y atender las necesidades de todo el territorio.

La lección de la ATUR es que no alcanza con prometer modernización: hay que construir las condiciones para que ocurra. La renuncia de su director ejecutivo no determina por sí sola el fracaso definitivo de la agencia, pero sí obliga a rendir cuentas sobre el modelo que se puso en marcha.

El turismo rionegrino necesita algo más que una nueva conducción. Necesita una estrategia clara, responsabilidades definidas, recursos administrados con transparencia y una gestión capaz de convertir los anuncios en resultados.

Y esa tarea comienza por el lugar donde se tomó la decisión de crear la ATUR: el propio Gobierno de Alberto Weretilneck.