Los cuestionamientos por la trayectoria política de funcionarios que llegaron a puestos judiciales, las denuncias de persecución formuladas por dirigentes opositores y las disputas institucionales abren una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿quién controla al poder cuando la independencia de quienes deben ponerle límites queda bajo sospecha?

En Río Negro, el debate sobre la independencia judicial dejó de ser una discusión exclusiva de abogados y especialistas. Hoy atraviesa la política provincial y pone bajo la lupa una de las cuestiones centrales de cualquier democracia: la relación entre quienes gobiernan y quienes deben controlar que el poder se ejerza dentro de la ley.

Alberto Weretilneck construyó durante años una estructura política con presencia territorial, capacidad de negociación y una fuerte influencia en las instituciones provinciales. Esa consolidación le permitió sostener el liderazgo de Juntos Somos Río Negro, pero también instaló un interrogante que merece una respuesta pública: ¿hasta dónde llega la conducción política y dónde comienza la necesaria autonomía de las instituciones?

Una frontera que la política no debería cruzar

Las designaciones de personas con antecedentes en la función política dentro de organismos judiciales no constituyen, por sí solas, una prueba de subordinación. El problema aparece cuando esos recorridos se combinan con decisiones controvertidas, conflictos entre oficialismo y oposición y una percepción creciente de que las reglas institucionales no ofrecen las mismas garantías a todos.

La llegada de Sergio Ceci al Superior Tribunal de Justicia, después de su paso por la estructura legislativa de Juntos Somos Río Negro, y la designación de Nicolás Land en la Secretaría del Juzgado Electoral Provincial, luego de haber ocupado cargos vinculados al oficialismo, alimentan ese debate.

Ninguna trayectoria política demuestra automáticamente falta de independencia. Pero tampoco alcanza con invocar los procedimientos formales de designación para clausurar cualquier cuestionamiento. En una democracia, la legitimidad institucional no depende solamente de que un nombramiento cumpla los requisitos legales: también requiere confianza pública, transparencia y capacidad para demostrar que las decisiones se toman sin obedecer intereses partidarios.

La pregunta es inevitable: ¿qué señales reciben los ciudadanos cuando personas con vínculos políticos previos llegan a espacios que deben garantizar imparcialidad, especialmente en un escenario de creciente confrontación electoral?

El caso Gennuso y la sospecha de una disputa política

El conflicto que involucra al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso volvió a poner esta discusión en primer plano. El dirigente denunció una supuesta persecución política y vinculó su situación judicial con sus diferencias respecto del oficialismo provincial.

El trasfondo es la causa conocida como Techo Digno. Según la información publicada, Gennuso fue absuelto por peculado y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que otro tribunal analizara si los hechos podían encuadrarse en la figura de malversación de caudales públicos.

Ese recorrido judicial debe explicarse con precisión: la revisión de la calificación penal no equivale, por sí misma, a una condena ni demuestra una persecución política. Corresponde a los tribunales determinar el alcance jurídico de los hechos y garantizar el derecho de defensa.

Sin embargo, las acusaciones formuladas por Gennuso merecen una respuesta institucional clara. Si un dirigente sostiene que está siendo apartado de la competencia electoral mediante una actuación judicial, la mejor manera de despejar las sospechas no es descalificarlo por su pertenencia política, sino explicar los fundamentos de las decisiones, garantizar el debido proceso y permitir que los mecanismos de revisión funcionen plenamente.

La independencia judicial no se demuestra declarando que existe. Se demuestra con decisiones fundadas, procedimientos transparentes y garantías iguales para oficialistas y opositores.

El oficialismo frente al espejo

El problema político de Weretilneck no consiste solamente en responder a las denuncias de sus adversarios. También consiste en evitar que la acumulación de poder termine debilitando la credibilidad de las instituciones que sostienen su propio gobierno.

Cuando una fuerza política lleva años al frente de una provincia, la frontera entre gestión, estructura partidaria y poder institucional debe ser especialmente clara. De lo contrario, cada designación, cada resolución judicial y cada disputa parlamentaria corre el riesgo de ser interpretada como una nueva pieza de una maquinaria política.

En ese contexto, las controversias por el reconocimiento y el funcionamiento de bloques legislativos opositores agregan tensión. El Superior Tribunal rechazó un planteo de legisladores de Cambia Río Negro al considerar que la vía elegida no era adecuada y que el conflicto debía resolverse dentro de la Legislatura.

Una resolución adversa a la oposición no prueba subordinación judicial. Pero cuando los conflictos institucionales se acumulan, las explicaciones deben estar a la altura de la desconfianza que generan. El oficialismo tiene derecho a defender sus posiciones; no tiene derecho a convertir su mayoría política en una razón para desoír los reclamos de control.

La oposición también debe demostrar

Una crítica seria al poder no puede limitarse a denunciar una supuesta persecución cada vez que un tribunal toma una decisión desfavorable. Los dirigentes opositores deben presentar pruebas, recurrir a las vías correspondientes y sostener sus argumentos con responsabilidad.

Pero esa exigencia también vale para el oficialismo. Si Weretilneck considera infundadas las acusaciones, tiene la oportunidad de impulsar mayor transparencia, respaldar mecanismos de selección que fortalezcan la idoneidad y la independencia, y demostrar que ningún vínculo político condiciona el ejercicio de la Justicia.

La credibilidad institucional no se construye exigiendo confianza ciega. Se construye aceptando controles, haciendo públicas las razones de las decisiones y garantizando que las reglas sean iguales para todos.

El antecedente que no debería olvidarse

Río Negro ya vivió una controversia de enorme relevancia sobre los límites del poder ejecutivo cuando, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidió una nueva candidatura de Weretilneck al considerar que vulneraba las reglas constitucionales sobre la reelección.

Aquel episodio dejó una enseñanza que conserva plena vigencia: ningún liderazgo, por fuerte que sea, está por encima de la Constitución. La posibilidad de que un poder encuentre límites en otro no representa una debilidad institucional; constituye una de las bases del sistema republicano.

Por eso, el debate actual no debería reducirse a una pelea entre Weretilneck y sus adversarios. La cuestión es más profunda: qué garantías tienen los ciudadanos de que la Justicia actuará con independencia, qué controles existen sobre las decisiones de gobierno y qué sucede cuando quienes cuestionan al poder sienten que las instituciones no los escuchan.

La pregunta de fondo

Weretilneck tiene la responsabilidad política de gobernar, pero también la responsabilidad de cuidar la credibilidad de las instituciones bajo las cuales ejerce ese poder. No alcanza con ganar elecciones, construir mayorías o conservar capacidad de negociación. Gobernar también implica aceptar límites y demostrar que esos límites se respetan.

Las denuncias de persecución formuladas por dirigentes opositores no deben darse por probadas sin evidencia. Pero tampoco deberían descartarse sin una explicación fundada. La respuesta institucional debe estar a la altura de la gravedad de las sospechas.

Porque cuando la Justicia pierde credibilidad, el daño trasciende a un gobernador, a un partido o a un dirigente investigado: afecta a toda la sociedad.

La verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por cuántas instituciones puede influir, sino por cuánto está dispuesto a respetar la autonomía de aquellas que deben controlarlo.

En Río Negro, esa es la discusión que Weretilneck ya no puede esquivar: no se trata solamente de quién tiene el poder, sino de quién le pone límites.