La situación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro vuelve a quedar en el centro de la polémica tras una serie de denuncias públicas, reclamos gremiales y cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia, que apuntan directamente a la gestión del gobernador Alberto Weretilneck.
Durante los últimos meses, distintos sectores han manifestado preocupación por el funcionamiento del organismo encargado de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Entre los principales cuestionamientos se encuentran presuntas irregularidades en la aplicación de medidas excepcionales de protección, demoras en los procesos de intervención y una supuesta falta de transparencia en los informes y dictámenes técnicos que sustentan las decisiones adoptadas por el organismo.
Familias afectadas y organizaciones sociales sostienen que existen dificultades para acceder a información clara sobre los procedimientos realizados y reclaman mayores garantías de control y revisión de las medidas que impactan directamente en la vida de menores de edad. Según expresan, muchas decisiones son percibidas como arbitrarias y carecerían de mecanismos efectivos de seguimiento externo.
A estos cuestionamientos se suman los reclamos de trabajadores y representantes gremiales del sector, quienes desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre problemas estructurales dentro de la SENAF. Entre las denuncias más reiteradas figuran la falta de recursos humanos, equipos técnicos insuficientes para atender la demanda creciente, precarización laboral y limitaciones presupuestarias que dificultarían el abordaje integral de situaciones complejas.
Los trabajadores aseguran que la sobrecarga de tareas y la escasez de personal especializado afectan directamente la calidad de las intervenciones, generando respuestas tardías o insuficientes frente a casos que requieren una atención inmediata y multidisciplinaria.
En este contexto, sectores críticos sostienen que el Estado provincial no estaría garantizando de manera adecuada los derechos de niños, niñas y adolescentes, situación que consideran especialmente grave debido a que se trata del organismo que tiene la responsabilidad legal de proteger a las poblaciones más vulnerables.
Las denuncias también reavivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional, promover auditorías independientes y garantizar una mayor transparencia en los procedimientos administrativos y técnicos que se desarrollan dentro de la SENAF.
Mientras tanto, crece el malestar entre familias, trabajadores y organizaciones sociales que exigen respuestas concretas por parte del Gobierno provincial. Hasta el momento, los reclamos continúan acumulándose y la controversia amenaza con convertirse en uno de los conflictos institucionales más sensibles que enfrenta la administración de Alberto Weretilneck en materia de políticas de niñez.
Diversos sectores esperan que las autoridades provinciales brinden explicaciones públicas sobre las denuncias planteadas y presenten medidas que permitan recuperar la confianza en un organismo cuya función resulta fundamental para la protección de los derechos de la infancia en Río Negro.