El exintendente de Bariloche cuestionó el tratamiento judicial de la colocación de fondos del programa Techo Digno en plazos fijos y pidió que se investigue con el mismo criterio el manejo de los recursos del Plan Castello durante la gestión provincial de Alberto Weretilneck.
El exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, volvió a cuestionar al gobernador Alberto Weretilneck y planteó un interrogante sobre el tratamiento judicial que reciben las decisiones de colocar fondos públicos en plazos fijos mientras se aguarda la ejecución de obras.
A través de sus redes sociales, Gennuso comparó su situación en la causa vinculada al programa de viviendas Techo Digno con el manejo de los recursos del Plan Castello por parte del Gobierno provincial.
“Si a mí me acusan de haber puesto el dinero del plan de viviendas Techo Digno en plazo fijo, deberían investigar a Weretilneck porque hizo lo mismo con los fondos del Plan Castello”, sostuvo el exjefe comunal.
La declaración reabre una discusión sobre el uso financiero transitorio de recursos públicos y los criterios con los que se evalúan esas decisiones cuando involucran a funcionarios municipales o provinciales.
TECHO DIGNO Y LOS FONDOS EN PLAZO FIJO
Gennuso defendió su actuación durante su gestión municipal y afirmó que los fondos destinados a las viviendas fueron colocados en plazo fijo para resguardarlos mientras se resolvían cuestiones financieras y administrativas vinculadas con las licitaciones y la ejecución de las obras.
En ese sentido, destacó que las viviendas previstas en Bariloche fueron terminadas y entregadas. Sin embargo, esa circunstancia no elimina por sí sola la necesidad de analizar la legalidad de las decisiones financieras adoptadas, que son objeto de cuestionamientos judiciales.
El exintendente también señaló que otros jefes comunales habrían utilizado mecanismos similares para preservar los recursos hasta el momento de ejecutar los proyectos.
EL PLAN CASTELLO, EN EL CENTRO DEL CUESTIONAMIENTO
En su planteo, Gennuso sostuvo que los fondos del Plan Castello también fueron colocados en plazos fijos durante la gestión de Weretilneck, con el argumento de proteger su valor frente a la inflación y generar rendimientos mientras se avanzaba con las licitaciones y las obras.
Además, afirmó que el Gobierno provincial habría adquirido bonos durante la presidencia de Mauricio Macri y cuestionó el tiempo que, según su versión, transcurrió hasta que los municipios recibieron los desembolsos correspondientes al programa.
El dirigente vinculó esa situación con la discusión judicial que atraviesa y reclamó que se aplique el mismo criterio de investigación a las decisiones adoptadas por funcionarios de distintos niveles del Estado.
“Le retuvo a los intendentes durante casi un año el desembolso del Castello, porque lo tenía haciendo platita”, expresó, según la publicación de ADN Río Negro.
Finalmente, dejó una advertencia sobre la posibilidad de que el manejo de esos fondos también sea objeto de una investigación judicial: “Ojo, a ver si se viene un juicio”.
UNA DISCUSIÓN SOBRE LA IGUALDAD ANTE LA LEY
El planteo de Gennuso introduce una cuestión institucional: si dos administraciones adoptaron decisiones financieras similares con recursos destinados a obras públicas, ¿deben evaluarse bajo los mismos criterios jurídicos?
La comparación formulada por el exintendente no demuestra por sí misma que exista una irregularidad en el manejo de los fondos del Plan Castello ni que corresponda iniciar una causa penal contra el gobernador. Para establecerlo sería necesario examinar la normativa aplicable, las decisiones administrativas, los movimientos financieros y las circunstancias de cada caso.
No obstante, el reclamo coloca nuevamente bajo discusión la relación entre las decisiones de gestión, el control judicial y la responsabilidad de los funcionarios públicos.