La disminución de los fondos nacionales volvió a encender las alarmas en las provincias. Durante junio, las transferencias automáticas por coparticipación registraron una nueva caída en términos reales, profundizando un escenario que obliga a los gobiernos provinciales a administrar con mayor cautela sus recursos.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno nacional transfirió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $6,95 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Aunque el monto fue superior al del mismo mes del año pasado en términos nominales, el efecto de la inflación dejó como resultado una caída real del 4,1%, mientras que la coparticipación neta descendió 8,4%.

La principal explicación se encuentra en la menor recaudación de los impuestos que sostienen el sistema de distribución federal. El Impuesto a las Ganancias cayó un 14,2% en términos reales y el IVA un 4,1%, reduciendo significativamente los recursos que reciben las provincias.

Río Negro, bajo mayor presión fiscal

En la Patagonia, el comportamiento fue dispar. Neuquén logró amortiguar el impacto gracias a su fortaleza en ingresos propios vinculados principalmente a la actividad hidrocarburífera. Chubut y Santa Cruz también registraron caídas inferiores al promedio nacional.

En cambio, Río Negro experimentó una contracción cercana al 4,4%, ubicándose entre las provincias patagónicas más afectadas por la reducción de las transferencias nacionales.

Para la administración del gobernador Alberto Weretilneck, este escenario representa un desafío adicional. La provincia deberá sostener el financiamiento de salarios, salud, educación, seguridad y obra pública con menores recursos provenientes de la Nación, en un contexto donde también aumentan los costos operativos y las demandas sociales.

Un escenario que condiciona la gestión

La reducción de la coparticipación llega en un momento en que las provincias buscan sostener sus niveles de inversión y cumplir con sus compromisos financieros. Algunas jurisdicciones ya comenzaron a recurrir a asistencia extraordinaria del Gobierno nacional.

El caso más significativo es el de Santa Cruz, donde la gestión de Claudio Vidal obtuvo un nuevo adelanto financiero por 20 mil millones de pesos para afrontar el pago de salarios, reflejando las dificultades que atraviesan varias administraciones provinciales.

En Río Negro, si bien la situación financiera aparece más equilibrada que en otras provincias, la continuidad de la caída en los ingresos nacionales podría obligar al Gobierno a profundizar el control del gasto, revisar prioridades presupuestarias y reforzar la recaudación propia.

La evolución de la coparticipación durante el segundo semestre será determinante para conocer el margen de maniobra de las provincias. Con menores transferencias y una economía que aún muestra signos de desaceleración, el desafío para los gobernadores será sostener el funcionamiento del Estado sin resignar inversiones ni afectar la prestación de servicios esenciales.