Personal de la Unidad 8va. de la Policía de Río Negro recuperó una bicicleta denunciada como sustraída tras un procedimiento realizado en una panadería ubicada sobre calle Alsina al 500 de Choele Choel.
El hecho ocurrió minutos antes de las 14 del jueves, cuando un vecino alertó a la Policía luego de observar en Facebook una publicación vinculada al robo de una bicicleta SLP rodado 29 perteneciente a un habitante de la ciudad.
Según indicó, el rodado podría encontrarse dentro de la cuadra de una reconocida panadería local.
Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a dos adolescentes de 15 y 16 años manipulando ruedas de bicicleta dentro del comercio. Posteriormente, en un sector utilizado como depósito, hallaron el cuadro correspondiente al rodado denunciado como sustraído.
Fuentes policiales señalaron además que el lugar había sido prestado tiempo atrás a los menores involucrados.
Tras las actuaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso no adoptar medidas judiciales contra los adolescentes debido a su edad, aunque sí ordenó la intervención de la Defensoría de Menores y de personal de SENAF.
La bicicleta fue reconocida y posteriormente entregada a su propietario, mientras que los menores fueron trasladados a la unidad policial para cumplimentar las actuaciones de rigor y luego restituidos a sus progenitores.
Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia una problemática que distintos sectores sociales vienen advirtiendo desde hace tiempo: la ausencia de herramientas locales de prevención y abordaje integral para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, resurgen las críticas hacia el Concejo Deliberante de Choele Choel por mantener “cajoneada” desde hace más de un año la ordenanza para la creación del Consejo Local de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio pensado para articular políticas públicas entre el Estado, instituciones y organizaciones comunitarias.
Diversos actores sociales sostienen que la falta de avance de esa herramienta refleja la escasa prioridad política otorgada a las problemáticas de niñez y adolescencia, en una ciudad donde cada vez son más frecuentes las intervenciones policiales y judiciales que involucran a menores.
La demora en el tratamiento de la ordenanza también genera cuestionamientos sobre la falta de espacios de contención, prevención y seguimiento comunitario, mientras los organismos provinciales terminan absorbiendo situaciones que requieren un abordaje local más profundo y sostenido.