En medio de un escenario político cada vez más sensible, comienzan a evidenciarse señales de desgaste en la conducción del área de Seguridad de la provincia de Río Negro. Distintas apariciones públicas, declaraciones y movimientos oficiales reflejan a un ministro que intenta sostener su imagen en soledad, sin un respaldo claro del gobernador Alberto Weretilneck.
La distancia dentro del oficialismo ya no pasa desapercibida. Fuentes políticas coinciden en que el quiebre en la relación comenzó a profundizarse tras la detención de Rubén Ángel Muñoz, un hecho que generó fuerte repercusión pública y dejó expuesto al titular de la cartera de Seguridad.
Si bien algunas voces evitan desligar completamente responsabilidades del Ejecutivo provincial, los cuestionamientos más fuertes recaen sobre el ministro, a quien se le atribuye una gestión que terminó impactando negativamente en la imagen del gobierno en un contexto preelectoral.
El malestar no solo se limita al plano político. Según trascendió, dentro de la propia estructura de seguridad también crecen los cuestionamientos hacia su conducción. Sectores de la plana mayor y mandos jerárquicos habrían manifestado diferencias con el rumbo adoptado, lo que agrava aún más su situación interna.
En este marco, el costo político del caso Muñoz podría ser significativo. Analistas advierten que no solo está en juego la continuidad del ministro, sino también el impacto que este conflicto podría tener en el escenario electoral próximo.
Otro elemento que suma tensión es el debate instalado en torno a la figura de “preso político”, una caracterización que genera incomodidad dentro de un gobierno que se presenta como democrático y que, según distintas lecturas, erosiona la credibilidad del discurso institucional.
Por estas horas, el interrogante central gira en torno a si el ministro logrará recomponer su posición o si el distanciamiento con el gobernador derivará en una salida del gabinete. En un contexto de creciente incertidumbre, el desenlace podría definirse en semanas o meses, con consecuencias directas en el tablero político provincial.