La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro del debate político rionegrino luego de que el gobernador Alberto Weretilneck negara que existan tierras en manos extranjeras dentro de la provincia. Sin embargo, las declaraciones del mandatario no lograron desactivar una polémica que sigue creciendo y que involucra más de 14.000 hectáreas ubicadas en una zona estratégica de la Patagonia, en las nacientes del Río Chubut.

El caso enfrenta dos interpretaciones completamente distintas. Por un lado, el gobierno provincial sostiene que la legislación vigente se cumple porque los títulos de propiedad figuran a nombre de sociedades argentinas. Por otro, sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y representantes de comunidades originarias sostienen que existe una maniobra de triangulación destinada a facilitar la extranjerización indirecta de tierras sensibles mediante estructuras societarias locales financiadas con capitales extranjeros.

La controversia tomó nuevo impulso tras la presentación realizada por la legisladora Magdalena Odarda, quien impulsó un proyecto para declarar la nulidad de las operaciones inmobiliarias que derivaron en la adquisición de 14.689 hectáreas vinculadas al Estado de Emiratos Árabes Unidos.

Según la denuncia política y judicial, la operación habría sido realizada por el empresario argentino Hugo Alberto Barabucci utilizando fondos provenientes de una donación realizada por Emiratos Árabes Unidos, circunstancia que el propio empresario habría reconocido durante un juicio por usurpación desarrollado tiempo atrás.

Es precisamente allí donde aparece una de las principales contradicciones del debate.

Mientras Weretilneck sostiene que no existe extranjerización porque formalmente los títulos pertenecen a personas o sociedades argentinas, la oposición plantea una pregunta mucho más profunda: ¿quién ejerce realmente el control económico y político sobre esas tierras?

La discusión excede el aspecto registral y se traslada al concepto de soberanía territorial. Para quienes cuestionan la operación, no alcanza con observar quién figura en una escritura. Lo relevante es determinar quién financió la compra, quién toma las decisiones y cuáles son los intereses detrás de la adquisición de miles de hectáreas ubicadas en una zona estratégica por su valor ambiental, hídrico y geopolítico.

La preocupación aumenta debido a que se trata de tierras localizadas en áreas cercanas a nacientes de cursos de agua y dentro de una región históricamente considerada sensible por su ubicación fronteriza y sus recursos naturales.

El antecedente que vuelve incómoda la discusión

Las declaraciones del gobernador también reabrieron el recuerdo de uno de los episodios más importantes vinculados a tierras fiscales en la historia reciente de Río Negro.

Weretilneck recordó que durante su primer mandato la provincia recuperó más de 24.000 hectáreas en la Meseta de Somuncurá luego de comprobarse maniobras fraudulentas en su adjudicación.

Aquella decisión fue celebrada en su momento como una muestra de defensa del patrimonio provincial y de los recursos estratégicos.

Sin embargo, sectores opositores consideran que el mismo criterio debería aplicarse ahora para investigar si detrás de la operación vinculada a Barabucci existieron mecanismos destinados a eludir el espíritu de las normas que buscan limitar la concentración y extranjerización de tierras.

“Si hubo decisión política para recuperar tierras fiscales cuando existieron irregularidades, también debería existir la voluntad política para investigar estas operaciones”, sostienen desde sectores que acompañan el planteo de Odarda.

La denuncia por falso testimonio agrega tensión

La situación se complejizó aún más con la presentación judicial realizada por el abogado Martín Palumbo, representante legal de Soledad Cayunao, integrante de una comunidad mapuche que fue absuelta en un juicio por usurpación impulsado precisamente por Barabucci.

El letrado presentó una denuncia por presunto falso testimonio y cuestionó la legitimidad del empresario para actuar en aquella causa.

Según Palumbo, resulta necesario determinar si existieron inconsistencias en las declaraciones realizadas durante el proceso judicial y si la actuación del denunciante se encontraba respaldada por derechos efectivos sobre las tierras en cuestión.

La denuncia agrega una nueva dimensión al conflicto, ya que ya no se trata únicamente de una discusión política o administrativa, sino también de posibles derivaciones judiciales.

Una discusión que va más allá de las hectáreas

El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate histórico de la Patagonia: quién controla los recursos estratégicos y cuál es el rol del Estado frente al avance de grandes intereses económicos sobre territorios de enorme valor ambiental.

Durante décadas, la región ha sido escenario de discusiones vinculadas a la propiedad de extensas superficies de tierra por parte de grupos económicos nacionales y extranjeros.

En este contexto, la controversia por las tierras de las nacientes del Río Chubut aparece como un símbolo de una discusión mucho más amplia sobre soberanía, recursos naturales y desarrollo.

Mientras el gobierno provincial insiste en que la legalidad formal de los títulos no presenta objeciones, la oposición busca correr el eje del debate y plantea que la verdadera pregunta no es quién figura en los papeles, sino quién controla efectivamente el territorio.

Con la investigación judicial en marcha, un proyecto legislativo presentado y crecientes cuestionamientos desde distintos sectores sociales y ambientales, la polémica está lejos de cerrarse.

Por el contrario, amenaza con transformarse en uno de los debates políticos más sensibles para el gobierno de Weretilneck, en momentos donde la defensa de los recursos naturales y la soberanía territorial vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública de Río Negro.