El juez Oscar Gatti resolvió este jueves elevar a juicio oral y público la causa “Techo Digno” de Choele Choel, en la que están imputados el legislador del PJ y exintendente Daniel Belloso y el exfuncionario municipal Alberto Manuel Olivera.
La decisión fue tomada tras completarse la etapa de control de acusación, y establece que ambos deberán enfrentar un tribunal colegiado. En tanto, no se avanzó en esta instancia contra el empresario Longino Pacífico de Dios debido a su estado de salud.
Pedido de desafuero
Durante la audiencia, la fiscal jefa Graciela Echegaray, junto a la fiscal Jessica González, solicitó el desafuero de Belloso, en virtud de la inmunidad que posee como legislador provincial.
El juez hizo lugar al planteo, por lo que ahora será la Legislatura de Río Negro la que deberá definir si habilita o no el desafuero para que avance el proceso judicial.
De qué se los acusa
Tanto Belloso como Olivera están imputados por presunto fraude contra la administración pública. Además, en el caso del exintendente, se suma el delito de peculado.
En este punto, el magistrado rechazó un planteo de la defensa —a cargo del abogado Damián Torres— que buscaba excluir el cargo de peculado. Gatti sostuvo que será en el juicio oral donde se determinará si corresponde o no una eventual condena por ese delito.
Los convenios bajo la lupa
La causa gira en torno a la ejecución del programa nacional Techo Digno, a partir de dos convenios firmados entre Nación y el municipio de Choele Choel:
- Un acuerdo en 2013 para la construcción de 110 viviendas
- Otro en 2015 para la ejecución de 86 viviendas
Estos convenios obligaban al municipio a ejecutar las obras según lo planificado, rendir cuentas de los fondos y destinar el dinero exclusivamente a esos fines.
Según la acusación, Belloso habría desviado $13.802.501,97 entre julio de 2015 y septiembre de 2017 mediante autorizaciones de débitos hacia distintos destinos ajenos al programa.
El dinero habría sido utilizado a través de extracciones, transferencias a terceros, constitución de plazos fijos y movimientos en otras cuentas municipales, dificultando el control del uso de los fondos y dejando montos sin aplicar a las obras ni devolver al Estado Nacional.
El rol del exfuncionario
En el caso de Olivera, la fiscalía lo señala como partícipe necesario. Se le atribuye haber firmado certificaciones de obra con avances superiores a los reales, además de intervenir en actos administrativos que permitieron pagos cuestionados, incumpliendo sus funciones de control técnico.
Una causa de alcance provincial
La investigación de “Techo Digno” abarca a una docena de municipios de Río Negro y analiza el manejo de fondos nacionales destinados a planes de vivienda entre 2013 y 2015.
El eje de las acusaciones está puesto en la relación entre los fondos transferidos por Nación y el nivel real de ejecución de las obras.
Lo que viene
Con la elevación a juicio ya confirmada, el proceso avanzará hacia el debate oral y público, donde se analizarán pruebas, testimonios y peritajes clave.
El caso genera fuerte expectativa en Choele Choel y en toda la provincia, no solo por su impacto político, sino también por las consecuencias sociales vinculadas al acceso a la vivienda.ncia.